(19 de junio, 2014).- La legislación discutida en el Senado en materia energética tiene como propósito y consecuencia, reducir la disponibilidad de tierra, la capacidad productiva de los alimentos que necesita el país, y con ello, el encarecimiento de alimentos y la profundización de la crisis ambiental en el campo mexicano, señaló el pasado 17 de junio, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la organización campesina El Barzón.
Se trata, declaró el dirigente campesino, “del despojo absoluto (…) Aumentarán los costos de producción, se reducirá la superficie agrícola y el agua será utilizada ya no para producir maíz, hortalizas, frutas, sino el agua será utilizada en la mayor parte para aplicar las técnicas que permitan extraer gas o extraer petróleo”.
Para Ramírez Cuéllar, el aumento de los precios en los alimentos será inevitable, pues los precios y tarifas de la energía eléctrica, de la venta del diésel y el gas para producir amoniaco y urea, se regirán por un mercado libre donde existen grandes posibilidades de anular los subsidios.
Asimismo, el dirigente del Barzón consideró que esto es consecuencia de la legislación energética, la cual establece que las empresas privadas podrán recurrir ante la Comisión Federal de Competencia Económica para alegar la existencia de prácticas competitivas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por Petróleos Mexicanos (Pemex), “y obligarlos en el caso de CFE a que la tarifa de energía eléctrica pase de 45 centavos por kilowatt a más de 7 pesos, pues tendrán que cargarse dos factores nuevos que tienen que ver con las pérdidas por robo de energía más una utilidad razonable, y en el caso de Pemex, deberá ratificarse la anulación del subsidio al diésel para los 258 mil productores agrícolas usuarios de diésel agropecuario que no verán reducidos los precios, incluso a pesar de que el combustible sea más barato en Estados Unidos”.
La eliminación de subsidios al diésel y la nueva producción y comercialización de gas afectará los fertilizantes, disminuirá el agua para la producción agrícola y con esto aumentarán los costos de producción a pesar de que la Ley para la Energía para el Campo establezca precios preferenciales para el diésel agropecuario, ya que este apoyo, explicó, fue excluido del Presupuesto de la Federación en 2014.
“Insistimos en que con la nueva Reforma Energética, se prevé que el aumento de la gasolina y el diésel, el productor continúe perdiendo en los costos de producción”, aseguró.
Por otra parte, el líder campesino señaló que son dos los nuevos factores para la reducción de la superficie agrícola y marina, la llamada “ronda cero” y las figuras legales de “servidumbres energéticas y de expropiaciones”.
Es con base en la “ronda cero” que se someterán a licitación grandes bloques de tierra y mar, indicó, ya que desde el 2014 se iniciaría el proceso consistente en 10 rondas de licitaciones de 20 mil kilómetros cuadrados cada una, de las cuales “la mayor parte se dará para las operaciones de las empresas privadas, nacionales y extranjeras”.
En cuanto a las figuras legales de “servidumbres energéticas y de expropiaciones”, que consiste, entre otras cosas, en la apertura de un mercado de tierras que coloca en condiciones de absoluta desventaja a los propietarios individuales, pero sobre todo, señaló Alfonso Ramírez, a las comunidades que viven bajo un régimen de propiedad ejidal y comunal, la población más pobre y, del mismo modo, a las poblaciones indígenas “donde sus tierras y bosques serán rematadas al mejor postor para explorar y explotar hidrocarburos”.
Se ignoran los haberes y derechos en relación a los proyectos mineros, energéticos, petroleros y de energía eléctrica donde la base fundamental fuera el consentimiento de las comunidades y la participación en la regalías de la explotación, agregó Ramírez Quintana.
“El coyotaje de tierras se sumará al coyotaje que hoy se vive en la compra de todas las cosechas. El gobierno no puede ni quiere someter a un vulgar intermediario, mucho menos lo podrá hacer con una empresa trasnacional. Es un mercado de tierras sin árbitro ni regulación. Es una venta forzosa. Es un contrato impuesto donde las contraprestaciones, los términos y condiciones para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos serán negociados directamente entre los propietarios o titulares y los asignatarios y contratistas”, mencionó.
Sin embargo, con base en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica, también estará de por medio un cambio radical del uso de tierras en tanto al uso del agua para el riesgo agrícola.
“Lo más grave es el deterioro de un recurso fundamental como lo es el agua para el uso agrícola. 70 por ciento del agua dulce en general que hay, se usa en la agricultura, la mayor parte de los acuíferos están sobre explotados. Los principales acuíferos en esta situación están ubicados en la zona más codiciada por la supuesta existencia de petróleo y gas, que es el centro y el norte del país, en estados como Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, en donde el problema de sobre explotación de los acuíferos, insisto, están en cifras alarmantes”, agregó Angely Vanessa Amezcua, coordinadora del Proyecto de Agua y Energía de la organización.
Con el fracking y los nuevos mecanismos de exploración y explotación, en vez de que el agua se dedique a la agricultura se va a dedicar a estas actividades, situación grave para las millones de personas habitantes cerca de los principales acuíferos sobre explotados, declaró Amezcua.
“El agua se está extrayendo para el gas y no para el consumo humano ni para la producción de alimentos, que no obstante los mantos acuíferos corren el riesgo de ser sobre explotados, también corren el riesgo de ser contaminados por el método de fracking”, insistió.
Para Alfonso Ramírez Cuéllar, de aprobarse la legislación secundaria de la Reforma Energética priista, se priorizará la actividad petrolera y gasífera por encima de cualquier otro uso del territorio, corriendo el grave riesgo de sacrificar otras actividades económicas y derechos humanos de la población nacional.
“Creo que todavía no valoramos la profundidad, el gobierno está cometiendo una enorme irresponsabilidad con esta legislación y lo más grave es que no se están tomando en cuenta otras opiniones para evitar este despojo y este daño en la producción de alimentos”, sentenció.
