- Las modificaciones impulsadas por el Poder Legislativo contemplan el aplazamiento de la siguiente elección hasta 2028, con el propósito de perfeccionar los procedimientos implementados en el proceso inicial
Las reformas constitucionales en materia judicial y electoral aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión buscan fortalecer las condiciones para la renovación de jueces y magistrados prevista para 2028, aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.
Durante actividades públicas realizadas en el marco del primer aniversario de la elección judicial, el titular del máximo tribunal señaló que los ajustes normativos permitirán consolidar un modelo que incorpore mayores mecanismos de evaluación, organización y participación ciudadana en la designación de integrantes del Poder Judicial.
Las modificaciones impulsadas por el Poder Legislativo contemplan el aplazamiento de la siguiente elección de jueces y magistrados federales hasta 2028, con el propósito de perfeccionar los procedimientos implementados en el proceso inicial y garantizar una mejor coordinación institucional. Entre los cambios también se encuentran nuevas reglas para la selección de aspirantes, la reducción del número de candidaturas por cargo y la simplificación de diversas etapas operativas.
Aguilar Ortiz destacó que la transformación judicial representa un proceso de largo alcance que requiere ajustes permanentes para consolidar sus objetivos. De acuerdo con el ministro presidente, las reformas aprobadas permitirán fortalecer la legitimidad de los órganos jurisdiccionales mediante procedimientos más eficientes y con mayores garantías para la ciudadanía.
Las adecuaciones constitucionales avanzaron durante los últimos días en la Cámara de Diputados y el Senado, donde obtuvieron el respaldo de la mayoría legislativa. El paquete de cambios incluye disposiciones relacionadas con la organización de futuras elecciones judiciales, mecanismos de evaluación de candidaturas y medidas destinadas a fortalecer la certeza de los procesos electorales.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que estas modificaciones permitirán corregir aspectos operativos detectados en la primera experiencia de elección popular de integrantes del Poder Judicial, al tiempo que preservan el objetivo de ampliar la participación ciudadana en la integración de los órganos de justicia. Diversos actores institucionales coinciden en que el periodo previo a 2028 será clave para afinar los procedimientos y consolidar el nuevo esquema de renovación judicial en el país.
