(31 de mayo, 2014).- Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas Otomí y hñahñú del estado de Querétaro, quienes fueron detenidas y acusadas de privar de la libertad a seis agentes federales fueron liberadas de la pena de 21 años de prisión tras comprobarse que fueron violadas diversas garantías judiciales en su proceso, por lo cual exigieron a las autoridades reparar el daño que el caso causó en su contra.
Ante esta situación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reconoció la inocencia de las indígenas respecto a los delitos que se les imputaron y determinaron que el litigio para limpiar su nombre debe de cumplirse de parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta situación hizo eco en las bancadas de los diputados de izquierda de la Cámara de Diputados (Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido de Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano), los cuales pidieron al órgano de procuración de justicia no demore en indemnizar a las mujeres indígenas tras el penoso accionar de la justicia mexicana.
“No hay excusa de carácter fiscal o presupuestario que valga para evadir la obligación de destinar los recursos necesarios a la reparación integral, un derecho consagrado por el orden jurídico nacional e internacional, como establecen los artículos 10 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Confiamos en que la PGR entienda la trascendencia de esta decisión y se desista de impugnar los fallos jurisdiccionales que favorecen a estas tres mujeres”, señalan en un comunicado.
Los legisladores resaltaron que el trabajo realizado por la organización de defensa de derechos humanos “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”, el cual destacan de fundamental para lograr la resolución sobre el caso.
“Reconocemos a Jacinta, a Alberta, a Teresa y al equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por su empeño y su constancia en esta lucha por la justicia que permite sentar los precedentes y la jurisprudencia necesarios para comenzar con la materialización del nuevo paradigma de derechos humanos”, apuntan.
Dentro de los diputados firmantes del documento destacan; Elena Tapia Fonllem, Carlos de Jesús Alejandro y Fernando Zárate Salgado, del PRD, Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano y Loretta Ortiz Ahlf del PT.
