(6 de junio, 2014).- La represión en Puebla es insostenible, así lo manifiestan dirigentes campesinos y activistas de la entidad. Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado, ha emprendido una embestida en contra de la ciudadanía poblana en defensa de los intereses mercantiles e industriales de los implicados en la realización de megaproyectos, los cuales desintegran la cohesión social, afectan la seguridad y el sustento de miles de familias.
Los campesinos indígenas y mestizos de la región se han manifestado en contra de dichos megaproyectos entre los que se encuentran la minería a cielo abierto, los proyectos carreteros –como la carretera federal de Huejotzingo, la Autopista siglo XXI, la carretera federal a Atlixco, cuyo su trazo afecta también a la comunidad de Jantetelco, Morelos situación que se documentó en la entrega del reportaje –, las empresas automotrices, los proyectos inmobiliarios, industriales y energéticos, el más reciente de estos últimos es el Plan Integral Morelos (PIM), el cual comprende a los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.
El PIM consta de la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, gestionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y concesionados a las empresas españolas Enagas y Elecnor, y a la italiana Bonatti, como se ha señalado en el reportaje arriba mencionado.
El PIM afectará el suministro de agua potable y de riego para las zonas rurales y urbanas, al tiempo que favorecerá a las empresas. Se espera que este proceso de industrialización arroje a millones de campesinos hacia las ciudades para conseguir empleos.
Por su parte, los proyectos carreteros conectan a los puertos de Veracruz y Guerrero con el fin de transportar recursos naturales del país como el oro, la plata e hidrocarburos a través de los dos océanos más grandes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Así lo documenta, Octavio Rosa Landa de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y los miembros de la Asamblea Social del Agua en Puebla.
A la par, con la declaración de los llamado Pueblos Mágicos en las entidades que limitan con la Ciudad de México, se ha promovido la venta de tierras comunales para la construcción de casas de descanso para gente adinerada donde el comercio de drogas y prostitución ha encontrado lugar.
La ruptura social que esto acarrea comienza ha manifestarse entre otras cosas con el aumento de la violencia y del crimen organizado (secuestros, trata, prostitución, piratería, narcotráfico, extorsión). Ante tal panorama los pueblos se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y en Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
La respuesta de los gobiernos de Puebla y Morelos ha implicado represión a través del uso de la fuerza pública hacia los opositores de . En el caso particular de Puebla tres personas permanecen presas.
La Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, municipio de Atlixco, enfrenta cargos por el presunto robo de dos celulares, así como de obstaculizar los trabajos de la empresa italiana Bonatti, transnacional que estará a cargo de la construcción del Gasoducto (PIM) en Puebla.
Juan Carlos Flores Solís, representante del FPDTA-TPM, activista y defensor de derechos humanos, enfrenta cargos por obstrucción de obra, despojo y destrucción de infraestructura (PIM), y Abraham Cordero Calderón, presidente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, acusado de amenazas y privación ilegal en agravio de funcionarios públicos, por oponerse al Libramiento Poniente de la autopista Siglo XXI.
A los tres detenidos se suma la persecución al hermano de Enedina, Carmelo y el reciente asesinato de Antonio Estaban Cruz, dirigente histórico del predio Paso María Cristina, municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. asesinado por cuatro disparos de arma de fuego en el paraje “El Rincón”.
“A orilla del río Apulco en la comunidad de Cuautapanaloyan, Cuetzalan, Puebla. La vida del compañero Antonio está llena de lucha y resistencia contra las injusticias al que han sido sometidos los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país”, señala el comunicado emitido el pasado 4 de junio, por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN).
De la misma manera en que en Morelos se ha experimentado el despojo, las comunidades de Puebla viven un proceso semejante, en entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO la hija de Enedina, Lucina Quijano Rosas, expresa con impotencia que su madre “es una mujer valiente que está defendiendo los derechos de su comunidad”.
Luego de visitar a Enedina Rosas Vélez en el Centro de Readaptación Social de Atlixco, Puebla, Lucina se detiene bajo un sol potente que arrecia en la explanada del zócalo de este municipio. Esta lucha, explica, “que hoy se está emprendiendo, el día de mañana nos va a beneficiar a todos, no sólo a los que nos encontramos aquí. Esta lucha es de todas y por el bien de todos, para acabar con este gobierno corrupto”.
A su tío, Carmelo Rosas Vélez, hermano de Enedina, se le persigue por los mismos delitos y se le ha girado una orden de aprehensión, al igual que a Avelino Velázquez Tapia, ambos “ocultos como si fueran unos delincuentes, cuando sabemos que los delincuentres están por ahí en la silla presidencia, ahí en el gobierno federal, no puede ser posible tanta injusticia, tanto gobierno corrupto”, señala Lucina.
Las denuncias en contra de Enedina, Carmelo y Avelino ocurrieron el 10 de marzo, el 4 de abril se integró el expediente y ese día el Ministerio Público ejercitó acción penal y el juez del municipio de Atlixco, ordenó la orden de Aprehensión.
“El 5 de abril intentaron detener a Avelino, rompiendo chapas y ventanas de su casa; el señor no se encontraba en su domicilio”, indica el abogado defensor tanto de Avelino, Carmelo y Enedina, Óscar Rojas Mendoza.
“El 6 de abril detienen a la señora Enedina y le solicitan que proporcione la dirección de su hermano. El 7 de abril detienen a Juan Carlos Flores en Cholula, y el 8 aprehenden a Abraham, las detenciones fueron sucesivas”.
Una serie de irregularidades conforman los expedientes de los acusados y los tres detenidos. Juan Carlos Flores fue detenido en Cholula Puebla, a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla mientras interponía una queja por la aprehensión de la comisariaza ejidal Enedina Rosas. El juez de Atlixco también ha girado una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con esta información, el abogado, Óscar Rojas Mendoza, afirma que “si sale de Cholula, lo tienen que poner en disposiciñon del juez de Atlixco”.
En lo que se refiere al expediente de Enedina Rosas, “siete personas declararon en su contra, por alrededor de 5 a 7 minutos cada una, cuando las declaraciones llevan al menos media hora cada una”, explica Rojas.
También existen inconsistencias en el caso de Abraham Cordero, ya que en las declaraciones de los cuatro funcionarios que declararon en su contra se repiten párrafos exactos. Dentro de ese expediente, del cual REVOLUCIÓN TRES PUNTOCERO tiene copia, se puede observar que los testimonios se atribuyen a los trabajadores del estado, Víctor Martínez Sánchez y Sergio Vázquez Reyes del Banco Estatal de Tierra de la Secretaría de Finanzas de la entidad, así como Jorge Eduardo Olivetto Guzmán auxiliar de topografía y Carlos Rubén Valenzuela Rocha, topógrafo.
Ruptura del tejido social, despojo y engaños
Al mismo tiempo que se instalan proyectos inmobiliarios, carreteros, energéticos y de minería, el campo agoniza, “no hay políticas públicas para reforestar, para reciclar el agua”, afirma Hilario Alonso del Movimiento Nacional los de Abajo.
“Viene desapareciendo el trueque , los mercados, se rompe la convivencia comunitaria. El hecho de fomentar el individualismo y desaparecer la vida en comunicadas oportunidades de la que gente que siembra se ven afectadas”, sostiene.
Indica que por parte del gobierno del estado, la amenaza y el hostigamiento ha sido permanente “ha habido amenazas de ‘si no vendes tu tierra vas a ir a la cárcel, tienen operadores en las mismas comunidades que impulsan la división. Hoy tenemos en la cárcel a los compañeros, Enedina y Juan Carlos, que están en contra del gasoducto (PIM). Un día después luego de dar una conferencia Abraham y un servidor condenando la criminalización de la protesta social, lo encarcelan”.
En entrevista el ejidatario Isabel Tepoz Morales, aseveró que llegaron a buscarlo diciendo que no se prestaban al diálogo “pero si nunca nos buscan cómo podemos saber cuáles son sus motivos”, yo expuse mis razones y las de los compañeros para oponernos a la autopista”.
Ante ello le argumentaron que tendrían beneficios, como el pago del 10 por ciento inicial y se le aseguró que el resto se le sería entregado por parcialidades, una vez que firmara el acuerdo. A Isabel le exigieron que les diera un monto estimado del valor de su tierra.
“Ellos no me ofrecen dinero, que yo pusiera la cantidad, al principio ellos me dijeron que iban pagando a 140 pesos el metro cuadrado, pero que si no, yo dijera cuánto. Mis abuelitos lucharon por estos terrenos y dieron su vida por los terrenos que tenemos, yo pienso que la sangre de mis abuelos no tiene precio, les dije”.
Isabel fue instigado a pactar con la gente de la localidad de San Francisco Buenavista. Ante la negativa, las amenazas no se dejaron esperar, “entonces me dijeron bueno si tú no quieres, no queremos que te andes metiendo, nosotros te conocemos, ya te tenemos en la mira, si nosotros, con una palabra que digamos, que tú eres opositor de la autopista, podemos denunciarte y luego, luego pueden venir aquí a agarrarte”.
-¿Cuál es el nombre y la función de estas personas?
-Son del Banco Estatal de la Tierra, según se hacen llamar así, no dicen nombres, sólo recuerdo un tal Víctor.
La academia también se ha visto amedrentada una vez que tesistas e investigadores han denunciado los daños ambientales, sociales y culturales que afectan a la población, tal es el caso del académico Ricardo Pérez Avilés, deldepartamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como los estudiantes en sociología, Jesús René Trujillo Prado, Alberto Melchor Montero, interesado en el tema de las radios comunitarias, e Iliana De Jesús Lozano, analista de la minería a cielo abierto. Todos amedrentados por sus estudios en torno a los megaproyectos.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla, ha hecho caso omiso de las aprehensiones, amenazas y hostigamientos a estudiantes, académicos, activistas y ejidatarios. “¿Qué nos da a pensar?, pues que esta Comisión está coludida con el gobierno para detener y seguir amedrentando a la gente, seguir acosando y que la gente no ejerza sus derechos”, lamenta Lucina, Quijano Rosas.
Por lo que ahora recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “porque el gobernador no quiere que la gente se exprese”, concluye Lucina.
