Octavio Martínez Michel/@Octilius
(22 de abril, 2014).- Probablemente, ningún ciudadano griego o romano se hubiera planteado que el acceso al conocimiento o la educación fueran derechos indispensables para la salud de sus repúblicas. Por lo menos, no los hubieran entendido como derechos amplios que debieran extenderse a todos los sectores sociales. Tampoco en las comunidades medievales podríamos encontrar educación y conocimiento repartidos de manera democrática, por el contrario, eran bienes de los que sólo disfrutaban algunos de los monjes enclaustrados en las abadías, así como los reyes y las cortes. Es decir que se trataba de una cuestión de élite.
Con la creación de las universidades en los territorios italianos, anglos, francos e hispanos entre los siglos XII y XIII, asistimos al primer período de apertura hacia el conocimiento. Aunque predominan los eclesiásticos y los nobles en las aulas universitarias, poco a poco la emergente burguesía (los “mercatores”), se empieza a hacer presente en los recintos. Pero no será sino hasta el s.XV con la proliferación de libros a través de la imprenta, la difusión de textos en lenguas vulgares y la creación de academias de ciencias propiamente burguesas en los siglos XVI y XVII[1] que la información y el conocimiento comienzan a entenderse desde una perspectiva social más incluyente. Sólo con los éxitos de la llamada “revolución científica” y el empuje de las ideas liberales y republicanas en Europa Occidental, el conocimiento se empieza a visualizar como un bien común.
Quizá, fue la Revolución Francesa -al plantear la educación como un derecho que debía garantizar el Estado- el primer movimiento social en el que la democratización del conocimiento se convirtió en una prerrogativa jurídica. La propuesta no era trivial, se trataba de transformar un bien tradicionalmente entendido como privado en un bien público. Un proyecto radical de transformación social que en buena medida sólo puede cristalizarse hasta que las críticas socialistas del s.XIX hacia el Estado Liberal se asimilan en las repúblicas democráticas de los inicios del s.XX[2]. Y no es sino después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se consigue el primer consenso internacional donde la educación y el conocimiento se entienden como derechos indispensables. Con todo, lo cierto es que a pesar del consenso y de muchas conquistas jurídicas, la educación y el acceso al conocimiento siguen siendo bienes que disfruta sólo para una parte minoritaria de la población.
Entre todo esto, ya a finales del siglo XX y con las tecnologías de la información en pleno desarrollo, el internet vino a plantear nuevas dinámicas, mejores posibilidades y mayores alcances para el conocimiento y la distribución de la información. Sin olvidar, que el acceso y uso del internet sigue estando limitado, hay que reconocer que ha generado una revolución similar a la que se vivió en el s.XV con la aparición de la imprenta en Europa. Así como la imprenta renacentista “liberó” los libros de las manos de los monjes, reyes y nobles, el internet ha liberado el conocimiento, la información y la educación de los límites del aula universitaria, las sociedades científicas, las librerías y los periódicos tradicionales. De muchas formas, el internet ha planteado la posibilidad de una sociedad, que pueda acceder prácticamente a cualquier conocimiento o información de forma más o menos sencilla y barata. Aunque es claro que no hay una relación forzosa entre usar internet y acceder al conocimiento -pues también puede usarse para un entretenimiento vacío, o incluso perverso- lo cierto es que ofrece una plataforma de difusión, interacción y entendimiento que nunca antes habíamos visto. Ni el impresor más entusiasta del s.XIX hubiera soñado con la posibilidad de una proliferación tan efectiva de la información. Así, lo que en los años 90’s del siglo pasado se veía como una novedosa e interesante forma de entretenimiento y comunicación, hoy se entiende como una de las herramientas más importantes para el desarrollo económico, la acción política, la generación de conocimiento, etc.
Los siglos XX y XXI han sido el escenario de la conquista de la comunicación a distancia, las llamadas telecomunicaciones. Todas éstas tecnologías han sido fundamentales para la construcción de las “sociedades del conocimiento”. Así, tener acceso a los medios que permiten participar de las dinámicas de éstas sociedades, es una expectativa razonable de un ciudadano. Como también es razonable la expectativa de que ese acceso se convierta en un derecho.
Las telecomunicaciones no pueden ser entendidas como un juguete más de las industrias capitalistas con el que podemos jugar alegremente los burgueses y que pueden manipular las grandes compañías y los gobiernos. Por el contrario, es imperioso que se entiendan como instrumentos indispensables para la construcción de una república del s.XXI. Una república donde se construye de forma horizontal y ciudadana, requiere de comunicación eficiente, información confiable y participación constante, en todo ello las tecnologías de comunicación juegan un papel importante. La búsqueda de apertura y libertad en las telecomunicaciones se contextualiza entonces en la lucha por consolidar estados democráticos y estados constitucionales.
Y así como se requiere un internet donde los ciudadanos podamos opinar y construir libremente nuestra visión política y social, compartiendo de forma rápida y efectiva la información que consideramos indispensable para éste fin, también se requiere de televisiones, radios y diarios plurales donde encontremos ejercicios periodísticos comprometidos con el ejercicio democrático, y donde encontremos fuentes de entretenimiento que no se burlen de nuestra inteligencia, ni de nuestra capacidad para participar en la ciencia, el arte y la cultura.
De ninguna manera queremos telecomunicaciones sometidas a un mercado desregulado, eso como decía Adam Smith en el s.XVIII, es la barbarie. Es necesaria la intervención del Estado, pero no para usar las telecomunicaciones como un medio de vigilancia distópico al estilo Orwell o Huxley; tampoco queremos una intervención que favorezca a los “peces gordos” de la industria sin atender las necesidades sociales. Si de eso se trata la intervención, entonces lo que tenemos es un ejercicio autoritario y mafioso que responde a intereses de grupo y desvela la debilidad del propio Estado.
En telecomunicaciones, necesitamos una regulación, un marco jurídico que garantice el ejercicio tanto las libertades de participación política, como las de la vida privada. Es obligatoria la intervención del poder público para administrar un bien común como lo es el espectro radio-eléctrico, sin duda. Pero si esa regulación carece de una visión clara de consolidación democrática -donde se deje de lado la subordinación y el miedo a las grandes empresas de telecomunicaciones y donde se comprenda la necesidad del uso plural de éstas tecnologías para la salud de la república- entonces también carece de toda legitimidad y de congruencia histórica.
