(20 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, alertó que de no llevarse a cabo el apagón analógico el próximo 31 de diciembre -como se prevé en uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones- se generaría incertidumbre respecto a la permanencia de las disposiciones de la Carta Magna, e impediría la utilización inmediata de la banda de 700 MHz.
El funcionario subrayó, en reunión de trabajo con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que en la propia Constitución se habla de un proyecto de red compartida mayorista, que contempla la utilización de 90 MHz de la banda de 700 y que pretende llevar Internet de banda ancha móvil “a donde nadie la ha llevado”; pero si el apagón no se concreta, este tampoco tendría viabilidad.
Hace algunas semanas, luego de que el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, se pronunciara en diversas entrevistas por la ampliación del plazo establecido en la ley, al menos dos senadores –del PAN y del PRD- presentaron en la Cámara Alta, iniciativas para retrasar el apagón y para proponer que este se realice a mediados o a finales del año entrante.
El titular del IFT argumentó que de concretarse, estos cambios serían desfavorables, pues tendrían repercusiones, incluso, en los acuerdos bilaterales signados con su contraparte en la Unión Americana.
Aunado a esto, según Contreras, la posibilidad de retrasar el apagón tampoco sería bien vista en el marco de la puesta en marcha de la tercera cadena nacional, pues el título de concesión que se otorgó permite su operación en formato digital y la ubica en bandas del espectro digital, por lo que el posible retraso del apagón, implicaría una desventaja competitiva ya que sus contenidos podrían ser vistos únicamente por receptores digitales.
Según los datos del IFT, hay 541 señales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en operación; el 87.7% de la población mexicana recibe al menos una de ellas y el 84% recibe cuatro. Hasta el momento, se han apagado 71 señales análogas en 20 localidades ubicadas en 10 estados de la República mexicana.
El funcionario reconoció que al menos el 23% de los permisionarios, esencialmente estaciones públicas, no están en condiciones de transitar a la televisión digital en el plazo establecido.
Apapacho de la OCDE
En la misma reunión, Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) calificó como un hecho positivo el que en los últimos meses, el total de inversión extranjera directa en materia de telecomunicaciones, haya pasado de dos a 15%.
La funcionaria afirmó que la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), ha “reconocido”, tras la aprobación de la reforma en telecomunicaciones -fuertemente criticada en su momento por dejar de lado temas sustanciales como el respaldo a las radios comunitarias e indígenas- que la regulación mexicana en la materia es menos restrictiva que el promedio de sus países miembros.
Ante cuestionamientos de diversos diputados federales respecto al uso electorero del que se acusó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la propia SCT por el reparto de televisores en plena veda electoral hace apenas unos meses, la funcionaria reconoció que al menos 30% de los beneficiarios del programa se presentaron a recoger los aparatos sin proporcionar más datos que un “domicilio conocido”, pero minimizó el hecho afirmando que se les solicitó sus huellas y una firma, para evitar que pudieran recibir otro televisor.
La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Lía Limón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que el tránsito hacia una televisión abierta digital será no solo en beneficio de las audiencias, sino de toda la sociedad, “pues las inversiones en digitalización logran una televisión más activa en el mercado publicitario”.
Optimizar recursos, no es la prioridad
En su participación, el secretario de la comisión, el diputado Virgilio Caballero, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recordó a los funcionarios la viabilidad de colaborar con institutos de investigación mexicanos para fabricar decodificadores que le permitan a la gente seguir utilizando sus televisores análogos, pues de esta manera se evitaría la generación de toneladas de basura electrónica, tomando en consideración que al menos 9 millones de aparatos televisivos serán desechados.
El legislador recordó que, como lo informó oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrolló un decodificador de señales –cuya patente está en manos de la administración de la ciudad de México- que puede producirse con un valor unitario de cien pesos.
“Su producción y entrega masiva bastaría para cubrir, en su totalidad, a los 32 millones de hogares de México que tienen televisor. Si hacemos una conversión de los 6.2 millones de televisores entregados por la SCT hasta el momento, de los 9.4 que tiene programados, cuyo costo por unidad es de 2 mil 500 pesos, equivaldría al costo de producción de 155 millones de decodificadores; es decir, a cada familia le tocaría recibir incluso más de cuatro decodificadores”, explicó el legislador.
Sin embargo, ambas dependencias se zafaron del tema argumentando que no era de su competencia decidir a través de qué producto es que se puede agilizar la transición a la televisión digital.
