(06 de junio, 2016).- La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 4 de noviembre, concedió amparo y protección federal a comunidades indígenas para la realización de la consulta sobre los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de la soya transgénica, la cual ha tenido retrasos y significa para algunos agricultores el riesgo de no poder sembrar.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) deben acordar la metodología y cubrir protocolos.
Agricultores que se dedican a la siembra de la soya transgénica en Campeche recabaron al menos 800 firmas de colonias agrícolas como San Luciano, Santa Fe, Los Laureles y Carlos Cano Cruz; después vinieron a la Ciudad de México para entregarlas junto con un escrito a Peña Nieto y los titulares de las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Hacienda, Economía, Educación y Gobernación, donde aseguran que la suspensión de la siembra está provocando fuertes afectaciones económicas a más de 6 mil familias.
Agregan que con la siembra de soya transgénica utilizan menos pesticidas y herbicidas y que no representan ningún riesgo para las comunidades y para las abejas.
Asimismo demandaron ser incluidos en la consulta a las comunidades mayas don se debe impedir el acceso de grupos políticos y organizaciones ajenas a la vida del campo en la entidad.
En contraste otras comunidades indígenas y especialistas como Rémy Vandame, investigador del Colegio de la Frontera Sur, han advertido anteriormente que la soya transgénica pone en riesgo a las abejas por el uso de insecticidas y agroquímicos que trae consigo el monocultivo.
Ejemplificó que en Argentina los apicultores que estaban en la Pampa tuvieron que desplazarse hacia la zona de los Andes, debido a que con el monocultivo de soya transgénica se perdió la diversidad de flora, alimento de las abejas.
Con información de La Jornada
