- La investigación de EL PAÍS reconstruye una estructura de empresas que comenzó a operar desde 2021 y que, según la FGR, terminó vinculada con 18 millones de litros de combustible ingresados ilegalmente y una evasión fiscal de 166.4 millones de pesos.
La trama de huachicol fiscal por la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, no habría comenzado con Ingemar ni en el momento en que el político se incorporó a esa empresa.
De acuerdo con una investigación publicada por EL PAÍS, basada en la orden de aprehensión contra Ruffo, la estructura empresarial comenzó a tomar forma desde 2021, alrededor de compañías relacionadas con la importación de hidrocarburos, el contrabando de combustible y el movimiento de recursos.
El dato coloca el origen de la operación años antes de que Ruffo llegara a Ingemar, empresa que posteriormente se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación federal.
La FGR sostiene que Ruffo habría tenido un papel relevante dentro de esa estructura y lo acusa de participar en un esquema que durante 2025 habría introducido 18 millones de litros de gasolina y diésel al país mediante operaciones ferroviarias.
Una red empresarial que comenzó a tomar forma antes de Ingemar
La investigación de EL PAÍS ubica uno de los antecedentes de la estructura en Agencia de Consultoría Internacional, una empresa constituida en 1992 que en 2017 modificó su objeto comercial para incursionar en el sector de hidrocarburos.
En marzo de 2018, la compañía obtuvo un permiso de la Secretaría de Energía para comercializar petrolíferos. Ese permiso terminó transferido a Ingemar en julio de 2024, de acuerdo con la investigación periodística basada en el expediente judicial.
En paralelo, Hugo Botello García habría comenzado a construir otra parte de la estructura empresarial. Entre las compañías relacionadas aparece Lambrucar, constituida en 2018, mientras que Ingemar fue creada ese mismo año y posteriormente modificó su giro para entrar al negocio de los hidrocarburos.
El expediente también coloca a Crismon Hidrocarburos y Derivados como una pieza financiera relevante. Según la FGR, durante 2025 esa compañía realizó transferencias por 10 mil 132.4 millones de pesos a Ingemar.
A la estructura también aparecen vinculadas empresas como Mapror, además de personas y compañías relacionadas con investigaciones previas por contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero.
163 ferrotanques y una diferencia millonaria ante las aduanas
La acusación federal sostiene que durante 2025 la estructura habría utilizado las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, para introducir combustible mediante ferrotanques.
De acuerdo con el expediente, 163 ferrotanques ingresaron hidrocarburos mientras se declaraban ante las autoridades cantidades menores a las que realmente transportaban.
La diferencia habría permitido, según la FGR, evadir 166.4 millones de pesos en impuestos.
EL PAÍS reportó que la operación investigada contempló cargamentos que declaraban volúmenes muy inferiores a los realmente transportados. En una investigación previa, el diario también documentó que uno de los proveedores involucrados fue Deer Park Refining, refinería ubicada en Texas y propiedad de Pemex desde 2022.
La dimensión de la operación llevó a la Fiscalía a señalar a Ruffo como uno de los principales controladores de la estructura investigada.
La FGR señala a Ruffo por los movimientos de la red
Dentro de la acusación, la Fiscalía sostiene que Ruffo habría ayudado a “legitimar” las operaciones de la estructura y participado en el diseño del esquema de simulación aduanera y fiscal.
El expediente también registra transferencias por 18 millones de pesos de Ingemar a Ruffo entre 2024 y 2025, movimientos que la FGR considera relacionados con el aprovechamiento de recursos presuntamente ilícitos.
La acusación federal sostiene además que el exgobernador tuvo participación en la estructura corporativa de Ingemar. EL PAÍS reportó que Ruffo aparece como secretario del consejo de administración, mientras la Fiscalía lo ubica dentro de los principales responsables de la organización investigada.
La defensa sostiene que Ruffo desconocía el contrabando
La versión de Ruffo es distinta a la planteada por la Fiscalía.
Su defensa sostiene que el exgobernador desconocía las operaciones de contrabando y que su incorporación a Ingemar ocurrió como asesor, además de adquirir acciones en 2021.
Su hija, Verónica Ruffo, afirmó que su padre comenzó a sospechar de posibles irregularidades en marzo de 2024, después de detectar que la documentación aduanal reportaba cantidades de combustible inferiores a la capacidad de los carrotanques utilizados.
De acuerdo con esa versión, Ruffo habría contratado abogados para revisar lo ocurrido y posteriormente buscó desvincularse de la empresa.
La FGR, por su parte, sostiene que el exgobernador tuvo una participación activa dentro de la estructura y que se benefició de recursos relacionados con las operaciones investigadas.
Ruffo fue detenido y la investigación sigue abierta
La FGR detuvo a Ernesto Ruffo en julio de 2026 por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustible. La captura ocurrió en Ensenada, Baja California.
El caso también involucra a otros empresarios y operadores señalados en la orden de aprehensión, algunos de los cuales permanecen prófugos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre la red empresarial y financiera.
Por ahora, el expediente coloca en el centro una estructura que, según la acusación de la Fiscalía, habría permitido el ingreso irregular de 18 millones de litros de combustible y una evasión fiscal de 166.4 millones de pesos, mientras la defensa de Ruffo sostiene que el exgobernador fue engañado y que desconocía las operaciones ilícitas.
