Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(23 de agosto, 2013).- En un país donde los asesinatos son cosa de todos los días, donde la violencia se ha impregnado a tal grado que se ha deshumanizado la muerte y se ha trasladado a números y estadísticas desfavorables para la nación, los asesinatos de los activistas agrarios siguen siendo desapercibidos y las amenazas incrementadas.
En el año 2013 por lo menos 7 activistas agrarios han sido asesinados: 4 en agosto, 1 en julio y otros tres en junio. No obstante la poca comunicación que se tiene con las actividades hace a esta cifra poco confiable, puesto que no se sabe a qué otros líderes agrarios les han quitado la vida.
El pasado 5 de agosto, Samuel Vargas, Miguel Solano y Raymundo Velázquez fueron encontrados muertos con impactos de bala y señales de tortura en el estado de Guerrero. Los tres eran activistas agrarios y pertenecían al Partido Comunista de México.
Su lucha se centraba en la defensa de la tierra y en la articulación de diferentes comunidades para hacer un frente común. Participaban también en Línea Agraria del Sur Emiliano Zapata y fueron asesinados en el traslado de una reunión a otra: se encontraban en Morelos en un encuentro de organización y se dirigían a Chilpancingo para dar parte de los acuerdos.
Tres días antes, otro luchador social fue asesinado en Veracruz. Noé Vázquez pertenecía al Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), y murió apedreado la mañana del 2 de agosto, cuando preparaba una ceremonia en torno al 10 aniversario de MAPDER.
Dicho movimiento señala que a partir del año 2010 se han intensificado los proyectos hidroeléctricos en el estado de Veracruz, donde se pretende instalar 112 represas de capital privado, siendo el Naranjal el proyecto más grande, que afectaría a 30 mil personas de 7 municipios.
La mañana que fue asesinado, Noé se encontraba en el Cerro de la Cruz recogiendo hojas, semillas y flores para agradecer a Tláloc en la ceremonia de aniversario. El MAPDER responsabiliza a los gobiernos federal y estatal por la muerte de su compañero.
Héctor Regalado Jiménez recibió seis impactos de bala el 21 de julio. Perdió la vida el primero de agosto. Héctor era pescador de Juchitán, Istmo de Tehuantepec, poblado que se encuentra en una lucha constante de resistencia ante la empresa trasnacional de energía eólica Gas Natural Fenosa.
La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco acusa de dicho asesinato a la trasnacional en conjunto con las autoridades locales:
“[Fue asesinado por] sicarios de la empresa eólica Gas Natural Fenosa, quienes estuvieron acompañados por elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), institución policíaca contratada por la empresa que vigila el avance de construcción del parque ILEGAL llamado Bii Hioxho”, expresa la asamblea a través de un comunicado. Héctor era miembro de la asamblea y participaba regularmente en las actividades de resistencia.
A estos asesinatos se suman los de Arturo Hernández Gardona, Félix Rafael Gandera Román y Ángel Román Ramírez, en Iguala, Guerrero, el pasado mes de junio.
Los tres hombres pertenecían al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Frente de Unidad Popular. Sus desapariciones –junto con las de otros 5 hombres– fueron denunciadas el 30 de mayo.
El lunes 3 de junio fueron encontrados los cuerpos con signos de tortura y los ojos vendados en un punto que se conoce como Rancho del Cura y Xalitla.
Una de las víctimas logró escapar y comunicar por teléfono los asesinatos de Arturo Martínez Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román. También le dijo que 4 de los desaparecidos habían podido escapar y del octavo no se sabía nada.
Ante este hecho, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que señala que teme por las vidas de integrantes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, en el estado de Guerrero, quienes han sido amenazados tras exigir justicia en el caso del secuestro y asesinato de tres de sus compañeros.
