(1 de mayo, 2015).- El pasado jueves en el municipio de Iguala, un grupo de policías comunitarios se enfrentó contra elementos de la policía estatal, luego de que las fuerzas de seguridad de la entidad atendieran el llamado por un presunto secuestro. Este hecho derivó en 8 personas muertas (6 presuntos delincuentes y 2 policías).
El enfrentamiento provocó reacciones dentro de las autoridades de aquella entidad y llevó a que se hiciera un llamado a las policías comunitarias.
Miguel Ángel Godínez, fiscal de Guerrero, afirmó que en la entidad no se van a tolerar hechos como estos que “rebasan el estado de derecho”. Dijo que lo ocurrido entre los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y los policías estatales, es un mensaje para no permitir que se sobrepase la línea de tolerancia.
El funcionario aseguró que las autoridades estatales han apostado por el dialogo y han actuado con flexibilidad, sin embargo, apuntó, no pueden permanecer en una actitud pasiva ante situaciones como estos hechos de violencia. Agregó que la muerte de una persona es suficiente para “activar la maquinaría de justicia” de la entidad.
Manifestó que el actuar de manera oportuna se configura como un punto de partida para dejar claro que la autoridad está presente y garantiza el estado de derecho.
En lo referente a las policías comunitarias dijo que es de reconocer su actitud y labor de defender tanto a la familia como a su tierra, pero, señaló, deben actuar dentro de la ley. A lo anterior añadió que robustecerán el trabajo con las autoridades federales y estatales para evitar estas situaciones. Además dijo aún no se contempla la idea de desarmar a las policías comunitarias.
Miguel Ángel Godínez comentó que el líder de la CRAC, Eliseo Villar, es investigado por su presunta participación en un secuestro agravado. Asimismo puntualizó que ya se inició la indagatoria para definir su responsabilidad en el enfrentamiento con los policías estatales.
Es de resaltar esta actitud de “no permitir más acciones como estas”, sobre todo cuando el fiscal sostiene que la muerte de un ciudadano es suficiente para activar el aparato de justicia. Sin embargo este dicho queda distante de la realidad, pues la entidad vive una crisis de seguridad y de violencia, en donde las autoridades hasta el momento no han implementado métodos eficaces para erradicar los hechos y garantizar el estado de derecho.
