(28 de julio, 2015).- Ejidatarios de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, protestaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJE) para exigir la liberación de 34 indígenas nahuas detenidos el miércoles acusados de despojo, secuestro y daño a propiedad estatal. La tarde de ese día, autoridades del gobierno colímense detuvieron a los ejidatarios por irrumpir y paralizar labores de la minera Peña Colorada ubicada en el municipio de Minatitilán.
El pasado 23 de julio, más de 300 indígenas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, se plantaron en el acceso de esa compañía, en el municipio de Minatitlán, Colima, para exigir mil millones de pesos por 50 años de usufructo de mil 200 hectáreas que, aseguran, son de su propiedad.
A decir de Félix Monroy Rutilio, uno de los ejidatarios, el día de la protesta la empresa pagó 14 millones 805 mil pesos, no para que liberaran a los tres trabajadores de Peña Colorada, sino como pago de la renta 2015-2016. Detalló que el depósito se hizo mediante transferencia en dos emisiones: una a las 14 horas y otra a las 17:30 horas.
Según Monroy Rutilio, el mediodía del 23 de julio los ejidatarios partieron a Minatitlán y cerca de las 18 horas fueron atendidos por el asesor legal de Peña Colorada, David Cárdenas. “Están fabricándoles delitos. La Procuraduría de Justicia actuó por órdenes de la minera”, aseguró.
Relató que minutos después llegaron policías estatales con una tanqueta, comenzaron a aventarles piedras y los campesinos respondieron de la misma manera. Luego hubo disparos y un joven campesino resultó herido en una pierna y sigue hospitalizado.
El procurador de Colima, Marco Santana Montes, informó que los 34 nahuas podrían alcanzar penas hasta de 40 años de prisión, sin derecho a fianza.
Este sábado se informó que un joven recibió un balazo en la pierna y está hospitalizado, tras ser agredido durante el desalojo violento de nahuas de Ayotitlán, Jalisco, que se encontraban frente a las instalaciones .de la minera Peña Colorada, denunció Feliz Monroy Rutilio.
Ahí, David Cárdenas, asesor del consorcio minero, los dejó pasar, pero todo lo tenían planeado porque enseguida avisaron a la policía de Colima, “quienes llegaron con antímotines, patrullas y una tanqueta”, dijo.
Mencionó que a los agentes les mostraron la resolución del juzgado segundo de distrito en materia administrativa y del trabajo, con sede en Guadalajara, en la que se determinó que la minera no había pagado en los últimos tres años, por lo que exigían 14 millones de pesos.
Declaró que un joven recibió un impacto en una pierna y está internado en un hospital de Jalisco, aunque no dio a conocer su nombre. Nosotros no íbamos armados, ni buscábamos provocar desorden, sólo exigimos que se nos pagara y acudimos todos porque así lo acordó la asamblea (del ejido), aseveró.
