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(28 de mayo, 2014).- El lunes, por quinto día consecutivo, unos mil 500 indígenas bajaron desde diversas comunidades de la Selva Lacandona y Cañadas, y marcharon en las calles de la cabecera municipal de Ocosingo para exigir al gobierno estatal y federal, la libertad del asesor de la comunidad Lacandona, Gabriel Montoya Oseguera, y la regularización de tres poblados enclavados en ese macizo forestal de Chiapas.
Esta vez, los indígenas de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID), además de mantener cerradas edificios públicos gubernamentales como la alcaldía, juzgados y oficinas de la procuraduría, cerraron tiendas y bloquearon de forma temporal la carretera. Evitaron por varias horas la salida de unidades rumbo a San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez y en el otro extremo rumbo a Palenque y Villahermosa.
Los indígenas tseltales llegaron a un acuerdo con los Bienes Comunales de la Selva Lacandona para que se les regularicen los poblados Ranchería Corozal, Salvador Allende y San Gregorio, pero que el gobierno del estado y el gobierno federal han rechazado dicho acuerdo y existe la amenaza de desalojo.
Sebastián Jiménez Clara, uno de los voceros del movimiento, indicó que ellos no van a parar hasta lograr que el gobierno los reconozca como posesionarios de esa tierra desde hace 30 y 35 años. Que no están dispuestos a ser reubicados, porque en anteriores experiencias con otros poblados, la reubicación ha sido un fracaso. Es decir que les dan tierras áridas donde no se puede sembrar ni cosechar nada.
Los indígenas reclaman también la libertad de Fernando Gabriel Oseguera Montoya. El pasado 14 de mayo fue perseguido a balazos y capturado por el grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Aunque originalmente se le interrogó y acusó del presunto secuestro de Julia Carabias, la Exsecretaría de medio ambiente en el gobierno de Ernesto Zedillo, pero ahora Montoya Oseguera enfrenta un proceso penal por una protesta que encabezó hace 13 años.
A Montoya Oseguera se le acusa de “Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado”, por participar una manifestación pública el 26 de enero del año 2001, en Altamirano, Chiapas.
Los indígenas tseltales acusaron que todo es una argucia legal del gobierno estatal y federal para descabezar el movimiento social que han mantenido desde hace varias décadas.
Al mediodía del lunes, las y los manifestantes instalaron bloqueos intermitentes en las carreteras que comunican a Ocosingo con Palenque, con San Cristóbal de Las Casas, Altamirano y Comitán. Advirtieron que mantendrán sus acciones hasta que el gobierno atienda sus demandas.
