Las protestas magisteriales que se llevaron a cabo el lunes 12, convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), demostraron que cada vez son más los profesores que se unen al rechazo a una reforma laboral disfrazada de “educativa”. Aunque los medios electrónicos se dedicaron a minimizar las marchas de los mentores, así como a denostarlos como lo hacen el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y el organismo Mexicanos Primero, lo cierto es que se mantiene viva una actitud de justa defensa de una educación al servicio de la sociedad, que favorezca el desarrollo de la población mayoritaria.
Porque lo que quiere la cúpula empresarial es acabar con un derecho inalienable del pueblo, con el perverso objetivo de asegurar el control pleno de una juventud sin capacidad de pensar y discernir las causas y efectos de los problemas que le atañen, como sería el caso si se lograra el apuntalamiento de una contrarreforma del sistema educativo nacional, como lo anhela el sector ultra conservador de la oligarquía mexicana. Esto es lo que debe entender la población mayoritaria, pese a la manipulación de que es objeto por parte del duopolio televisivo.
En un comunicado difundido por el CCE, la élite empresarial condenó los actos de protesta de la CNTE mientras que instaba a los maestros “a que retomen sus mejores tradiciones y vuelvan a ser ejemplo de generosidad y civismo”. Acusó a los dirigentes de la sección 22 de utilizar los paros magisteriales “como ariete para extorsionar a los gobiernos y obtener privilegios”, cuando son ellos, los principales oligarcas, quienes llevan años extorsionando y obteniendo privilegios indebidos de “gobiernos” irresponsables, sin capacidad ejecutiva ni vocación de servidores públicos.
Es preciso que se comprenda que los maestros agrupados en la CNTE, no son revoltosos por el gusto de serlo, sino que se les ha obligado a ser contestatarios ante los abusos, primero de una dirigencia sindical corrupta y entregada por completo a una burocracia a su vez al servicio del reducido grupo que controla la economía y los grandes negocios de este país; y segundo ante políticas públicas antidemocráticas, injustas y que atentan gravemente contra los derechos laborales de los mentores.
En su comunicado, el CCE afirma: “Es momento de dejar atrás estos malos antecedentes (las protestas) y avanzar hacia la consolidación de la legalidad en todos los municipios del país y en todas las entidades federativas”. Sólo que la legalidad no ha sido rota por los maestros, sino por una élite empresarial que no se sacia de obtener privilegios, afectando así a cientos de miles de pequeños y medianos empresarios que han tenido que cerrar sus empresas ante la competencia desleal que representan los grandes intereses, de manera por demás escandalosa desde que los tecnócratas llegaron al poder.
¿Cómo ha roto la legalidad la élite oligárquica? Al actuar en contra del Estado de derecho, en contra de los lineamientos constitucionales, en contra del imperativo de favorecer un clima que propicie el desarrollo social con justicia y democracia. Si años atrás, los maestros eran “ejemplo de generosidad y civismo”, fue gracias a un Estado benefactor que propició un sistema social y económico favorable al progreso más o menos equitativo de la sociedad en su conjunto. Había una movilidad social que era ejemplo a seguir en América Latina. Hoy, esa realidad no existe.
Lo que quiere la cúpula empresarial es contar con un sistema “educativo” que deseduque a niños y jóvenes, los prepare para ser explotados vilmente, sin tener que preocuparse por las protestas de quienes no estén de acuerdo, porque serían una minoría sin ninguna presencia social. Así lo ordena la camarilla que mueve al mundo desde los grandes centros de poder trasnacional, y sus “socios” mexicanos obedecen sin chistar porque les conviene, como ha quedado demostrado luego de tres décadas de firme desmantelamiento del Estado benefactor y de la rectoría económica del Estado.
Sin embargo, hay signos de que no todos los empresarios están de acuerdo con las tácticas que se están siguiendo para imponer políticas públicas abiertamente antidemocráticas. Así lo deja ver el otorgamiento del Premio Nobel de Economía este año al “pobretólogo” Angus Deaton, quien desde la Universidad de Princeton se ha dedicado al estudio del consumo, la pobreza y la inequidad, y quien afirma que “no son creíbles las cifras” del flagelo en América Latina.
