(02 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Nuevamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, por cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución extrajudicial en agravio de seis personas, dos de ellas menores de edad.
De acuerdo con el documento 42/2016, los hechos violentos se encontraron a cargo de elementos del Ejército Mexicano, en San Luis de La Loma, municipio de Técpan de Galeana, Guerrero.
Después de hacer la revisión del caso, el Organismo Nacional encontró evidencias que confirman que “con tales acciones se violaron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la vida, acceso a la justicia y a la verdad, de las seis personas ultimadas”.
El 13 de septiembre de 2012, se recibieron en la Comisión Nacional los oficios 525/2012 y 528/2012 de la CDDH-Guerrero, a través de los cuales se denunciaron los hechos ocurridos el 1 de septiembre del mismo año.
En donde se dio a conocer que se perpetró un cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria en agravio de dos menores de edad y cuatro adultos, los cuales fueron atribuidos a militares del Ejército Mexicano y a agentes de la Policía Estatal.
La queja da a conocer que aquel día, aproximadamente a las 14:00 horas, se festejaba el cumpleaños de una de las víctimas, en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, cuando llegaron aproximadamente 20 soldados de la SEDENA armados, en dos vehículos militares.
El grupo se introdujo al domicilio de forma violenta y sacaron a los menores de edad, entre ellos a un niño, que carece de movilidad en ambas piernas, como consecuencia de un accidente automovilístico y a quien se le hizo una colostomía.
Ahí mismo también iban los adultos, a quienes subieron a los vehículos militares y partieron con rumbo al poblado El Guayabo, donde cerca de las 15:00 horas fueron privados de la vida con disparos de arma de fuego.
Un testigo, quien se ha mantenido en el anonimato, presenció la muerte de las víctimas, al encontrarse en el lugar y momento de los hechos, por lo que acudió al domicilio de los familiares de los en ese momento ejecutados y les comunicó las acciones de los soldados.
Las familias acudieron a al Servicio Médico Forense de Tecpan de Galeana, en donde reconocieron los cuerpos sin vida de sus familiares. Para después acudir a la CNDH, que después de cuatro años de los hechos emite una recomendación a Sedena.
El organismo documentó las violaciones a derechos humanos, visitadores adjuntos y peritos realizaron diversos trabajos de campo para recopilar testimonios y documentos. Además, se solicitó información a la SEDENA, a la SSP Guerrero y, en colaboración, a la Secretaría de Marina, la PGR y la PGJ Guerrero.
Según los informes recibidos por la Comisión Nacional, la SEDENA admitió haber participado en los hechos. Además se señaló que en sus declaraciones, de los 20 elementos del Ejército ante el Agente del Ministerio Público Militar, se desprenden contradicciones e inconsistencias en relación con su versión de un enfrentamiento armado.
“La descripción del terreno refuerza que no se trató de un enfrentamiento armado entre las víctimas y los militares, ya que éstos refirieron que los agraviados se encontraban ocultos entre los matorrales al momento de la agresión, lo que no concuerda con el hallazgo de los cuerpos sin vida, que se localizaron en un área abierta y sin protección alguna”, señaló la CNDH.
Además, se dijo que el uso de la fuerza letal fue injustificado, ya que las víctimas, al encontrarse sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas, pues no portaban armas de fuego, objetos, instrumentos o herramientas que pusieran en peligro la vida de los militares o de terceros.
El organismo solicitó a la SEDENA atención médica y psicológica a los familiares, en calidad de víctimas, afectados por la privación de la vida de los seis agraviados, para restablecer su salud física y mental, así como una compensación y/o indemnización justa.
También pidió que la SEDENA, en el ámbito de sus atribuciones, elimine las detenciones, cateos e intromisiones domiciliarias, sujetando todo acto de ingreso a un domicilio a los requisitos establecidos en el derecho positivo constitucional e internacional.
