El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española en intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad que enfrentan jóvenes dentro y fuera de los campus universitarios del estado.
La joven, de 21 años, realizaba una estancia académica en Morelos cuando fue asesinada en Cuautla, hecho que provocó protestas de estudiantes y llamados para reforzar los mecanismos de prevención y protección.
Alumnos de la UAEM marcharon en Cuernavaca para exigir justicia y señalaron que, pese a las medidas anunciadas recientemente, perciben riesgos en traslados, accesos y zonas cercanas a instalaciones universitarias.
Antes del caso, el Gobierno de Morelos ya había puesto en marcha el Plan Integral de Seguridad Universitaria, que contempla mil 38 cámaras de videovigilancia en 23 planteles de seis universidades. De ese total, 749 equipos están destinados a sedes de la UAEM.
La estrategia incluye además 450 luminarias solares, paraderos seguros y módulos de vigilancia. En el Campus Chamilpa avanzan dos módulos que contarán con cámaras, oficina y presencia de seguridad.
La propia universidad también instaló botones de alerta. Hasta septiembre, estos dispositivos habían sido activados alrededor de 15 veces, principalmente para solicitar auxilio vial o mecánico, mientras se preparaba la colocación de más lectores QR para agilizar los accesos. Sin embargo, el feminicidio de Tacoronte llevó la discusión más allá de la infraestructura dentro de los planteles. Estudiantes han pedido ampliar la protección hacia rutas de transporte, espacios públicos y zonas que recorren diariamente.
El caso coloca sobre la mesa un desafío: construir una estrategia de seguridad universitaria que no termine en las puertas de los campus, sino que acompañe a los estudiantes durante sus trayectos y actividades cotidianas.
