El Senado de la República aprobó la madrugada de este viernes la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo mecanismo que buscará identificar posibles vínculos de aspirantes con actividades delictivas antes de que sean registrados para competir por cargos de elección popular.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue avalada con 85 votos a favor y 40 en contra en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 84 votos a favor y 41 en contra. Al tratarse de una modificación a una ley secundaria, el decreto será enviado directamente al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Así funcionará la comisión que revisará candidaturas
La nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas recibirá de los partidos políticos y de quienes busquen una candidatura independiente los listados de personas interesadas en contender por cargos federales o locales antes de que sean registradas oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Con esa información, y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se realizará un análisis de riesgo para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas.
El dictamen precisa que la participación será voluntaria, tanto para los partidos como para los aspirantes independientes. Además, la información entregada podrá ser total o parcial, y los resultados tendrán un carácter exclusivamente informativo, por lo que la comisión no acusará, no juzgará ni limitará derechos políticos.
La decisión final sobre utilizar o no los resultados recaerá en cada partido político al momento de registrar a sus candidatos.
INE emitirá reglas y protegerá datos personales
La reforma establece que será el INE quien emita los lineamientos de operación, los criterios de evaluación, los plazos de revisión y los mecanismos para garantizar la protección de datos personales.
También se determinó que el funcionamiento del nuevo organismo se financiará con recursos ya contemplados dentro del presupuesto del instituto, por lo que no se asignarán recursos adicionales para su operación.
Otro de los cambios incorporados al proyecto fue la integración de la comisión. Mientras la propuesta original contemplaba cinco consejeras o consejeros electorales, la versión finalmente aprobada establece que estará conformada por tres integrantes, una modificación realizada en la Cámara de Diputados con el argumento de agilizar la toma de decisiones.
La presidencia será rotativa y cambiará cada año entre sus propios miembros.
Deberá estar lista antes de las elecciones de 2027
El decreto señala que la comisión deberá encontrarse instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, año en el que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 17 gubernaturas en el país.
La aprobación de esta reforma marcó además el cierre de actividades del periodo extraordinario de sesiones en el Senado.
Discusión rápida y trámite de urgente resolución
El proceso legislativo tuvo características inusuales. Aunque la minuta había sido turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, las presidencias de ambos órganos solicitaron a la Mesa Directiva que les fuera retirado el asunto poco después de las 2:00 de la madrugada.
Con ello, el proyecto pasó directamente al pleno, que lo declaró de urgente resolución por tratarse de una materia vinculada con procesos electorales próximos.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, argumentó que la cercanía de futuras elecciones requería decisiones oportunas para fortalecer la certeza jurídica y la confianza ciudadana respecto de quienes buscan cargos públicos.
Durante la discusión en lo particular, legisladores del PAN y del PRI presentaron reservas al proyecto; sin embargo, todas fueron rechazadas por la mayoría de la asamblea.
Tercer decreto aprobado en el periodo extraordinario
La creación de la comisión fue el último de los tres decretos relevantes aprobados durante el periodo extraordinario.
Los otros dos corresponden a reformas constitucionales que todavía deberán ser avaladas por al menos 17 congresos estatales antes de ser publicadas en el DOF.
Una de ellas modifica el calendario de la elección judicial, trasladando la renovación de jueces y magistrados federales prevista para 2027 al primer domingo de junio de 2028. La otra incorpora como nueva causal de nulidad electoral la intervención de gobiernos, organismos, personas físicas o morales extranjeras en procesos electorales mexicanos.
Ambas reformas fueron respaldadas por el bloque integrado por Morena, PT y PVEM, y obtuvieron la mayoría calificada necesaria para continuar su proceso legislativo.
