(08 de noviembre, 2013).- El día de ayer la Cámara de Senadores echó atrás la Proposición de Punto de Acuerdo que exhortaría al gobernador del estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, a proteger y garantizar la libertad de expresión. La Comisión de Gobernación, a través de un Dictamen, desechó el exhorto y lo regresó a Comisiones.
La Proposición, presentada el pasado 23 de abril por Lorena Cuéllar Cisneros, senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pretendía obligar al mencionado mandatario estatal a erradicar cualquier agresión contra los periodistas “procurando que los servidores públicos dependientes de él sean tolerantes con la crítica de los medios de información masiva”.
Con el argumento de que es de “evidente trascendencia jurídica y social”, la iniciativa volvió a la Comisión Dictaminadora para su análisis, discusión y revisión. Cuéllar, también presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, protestó contra esta decisión y sostuvo que “todos los días basta revisar los medios de comunicación para constatar que la represión y persecución de los periodistas por parte de autoridades es práctica cotidiana”.
La senadora nombró algunos ejemplos de abuso contra periodistas en aquel estado; tal es el caso de Martín Ruíz, del portal e-consulta/tlaxcala.com, quien fue detenido y padeció durante el proceso actos “arbitrarios, injustos y hasta ilícitos por parte de las autoridades, violentando los derechos humanos fundamentales”.
La ex presidenta municipal de Tlaxcala añadió que todos ellos tienen “nombre y apellidos, tienen una historia individual […] tienen una familia específica que, al igual que la víctima directa, también padece las consecuencias de dichos actos y que, por lo mismo, merecen ser atendidos precisamente de manera individual”.
Este hecho desató un largo debate entre los senadores y sus bancadas de la Cámara Alta. Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, calificó de inconsistente haber desechado el exhorto a Gónzález Zarur, ya que éste llevó a cabo una “flagrante violación de los derechos humanos”, además de ser uno de los siete gobernadores del país que hacen caso omiso de la ley para constituir un mecanismo de protección a periodistas.
Por su parte, Javier Corral Jurado, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), evidenció que él, como miembro de la Comisión de Gobernación, no estuvo de acuerdo con el Dictamen por lo que no fue unánime. Añadió que está de acuerdo en revisarlo nuevamente en beneficio del periodista de la mencionada entidad.
Fidel Demédicis, del PRD, invitó a sus compañeros legisladores a no encubrir a transgresores de la libertad de expresión y los derechos humanos. Agregó que es contradictorio que el Senado ofrezca, por un lado, la medalla “Belisario Domínguez” –máxima condecoración que la Cámara Alta otorga a los ciudadanos más eminentes– y, por otro, encubra “personajes” de esa naturaleza.
