El Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, emitieron una misiva dirigida al actual secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en vísperas de un año más de los hechos de Ayotzinapa
“Usted sabe muy bien que ante la incapacidad de las autoridades locales y la indiferencia de las autoridades federales, para responder con eficacia y contundencia a los hechos trágicos de Iguala, los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, con el respaldo de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa y el apoyo de sus representantes, solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien de manera inmediata las otorgó bajo el número MC/409/14″, se lee en la carta.
Aseguran que, cuando en octubre de 2014 hicieron la propuesta de la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) se buscaba que éste realizara” un análisis técnico del plan de búsqueda en vida; hacer un análisis técnico de la investigación incluyendo la correcta tipificación de los hechos y la averiguación de los vínculos entre delincuencia organizada y actores estatales; verificar los medios tecnológicos empleados para la búsqueda de fosas clandestinas y profundizar en el análisis del plan de atención a víctimas”.
Esta propuesta, explican “incluía la posibilidad de que el GIEI pudiera formular las recomendaciones pertinentes para la debida integración de las investigaciones y para instalar en lo inmediato, nuevas herramientas para la búsqueda de los estudiantes, así como para formular recomendaciones estructurales sobre las acciones del estado mexicano frente al grave fenómeno de la desaparición forzada de personas”.
Entre otras cosas, asegura que “Por la magnitud de los hechos y por la inocultable participación estatal, Ayotzinapa se convirtió en un caso paradigmático de la indiferencia gubernamental ante las desapariciones. También se transformó en un caso emblemático por la colusión que se dio entre actores estatales y no estatales bajo un esquema de criminalidad organizada”.
“Recordará muy bien que el gobierno federal omitió actuar en las primeras horas esenciales y días posteriores a los hechos, que son momentos claves para cualquier caso de desaparición forzada. Esta situación fue determinante, pues ante el hecho de que las primeras investigaciones hayan sido conducidas por autoridades incapaces y muy probablemente coludidas con los perpetradores como la Fiscalía del estado, permitió que presuntos autores materiales de la policía de Iguala no fueran detenidos inmediatamente”.
Además de esta campaña hubo otros obstáculos que entorpecieron el trabajo del GIEI. “Usted mismo le manifestó a los papás y mamás su negativa para que las expertas y expertos entrevistaran a elementos del 27 Batallón de Infantería, que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que algunos de ellos fungieron como testigos presenciales de la agresión contra los normalistas.
“Podemos decir con mucha contundencia y certeza señor secretario, que gracias al GIEI hoy sabemos que la “verdad histórica” difundida por el ex Procurador Jesús Murillo Karam no tiene sustento científico y que además fue urdida por funcionarios de la PGR, como Tomás Zerón, que hoy está siendo investigado por un órgano de la misma institución.
Es muy importante reiterar en todos los foros y medios periodísticos que no hay ningún indicio de que los estudiantes hayan acudido a Iguala a boicotear un acto político, ni que estuvieran “infiltrados” por alguna organización criminal. El GIEI demostró que los estudiantes de Ayotzinapa no son lo que han propalado los medios afines al gobierno: como miembros de la delincuencia y saboteadores políticos”.
“Gracias a la investigación rigurosa del GIEI sabemos que existieron múltiples escenarios delictivos y que los estudiantes desaparecidos no fueron detenidos en una sola acción. Es muy alta la probabilidad de que existieron varias rutas de desaparición”, agregan
Sobre el basurero de Cocula, señalaron que es “insuficiente” como explicación del destino de los 43 normalistas. 2El GIEI mostró que la fogata que se requería para cremar 43 cuerpos en una sola noche no pudo ocurrir ahí. Así arrojan los estudios que se hicieron sobre la vegetación adyacente, que no presenta graves daños. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) documentó que en el lugar subsistieron varios pedazos de tronco sin que estos muestren las alteraciones que serían inherentes a la exposición a un incendio de tal magnitud”, recuerda.
“Hoy sabemos que la colusión entre la delincuencia organizada y actores gubernamentales no se agota en el ayuntamiento de Iguala, como lo han querido sostener los funcionarios federales. La probada participación del grupo delictivo involucrado en los hechos en el trasiego trasnacional de narcóticos a través de autobuses comerciales y la indiferencia de los tres niveles de gobierno frente a los cientos de desapariciones que en poco tiempo se registraron en Iguala y sus alrededores, dan cuenta de un posible esquema de macrocriminalidad, conformado por estructuras municipales, estatales y federales, que hasta la fecha no ha sido investigado a profundidad”, acusa.
Mencionaron en la investigación ha salido a la luz que se cometieron múltiples irregularidades: “desde la tortura de algunos de los detenidos, incluyendo aquellos cuyo testimonio es fundamental para la hipótesis oficial, hasta el traslado ilegal de un inculpado a un sitio relevante para la investigación, donde fue entrevistado sobre los hechos en ausencia de su defensor, sin que esto fuera registrado en el expediente”.
Recordaron que la apreciación que tiene del GIEI” es muy diferente a lo que realmente aportó a la PGR. Sus recomendaciones son de fondo y requieren cambios en la manera de investigar y de relacionarse con los familiares de las víctimas”. Del que, aseguran , por él “conocemos ahora cuáles y cómo son las fallas estructurales de las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar seguridad”.
“El gran desafío para su gobierno, a casi dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es saber qué pasó en Iguala. No avanzaremos si se ponen obstáculos a la asistencia internacional. La prueba de fuego será impulsar seriamente el mecanismo de seguimiento planteado por la CIDH, brindando todo el apoyo y las facilidades a los comisionados y al equipo técnico que están por arribar a nuestro país, que para los padres y madres de los 43 representan una gran esperanza para llegar a la verdad y alcanzar la justicia”, concluye el comunicado.
