Ivonne Acuña Murillo / Colaborador
(30 de abril, 2014).- En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, recomendó a las diversas naciones miembros que celebraran un Día Universal del Niño en la fecha que consideraran conveniente. Esta organización tomó el 20 de noviembre como ese día universal.
En México, se recuerda un intento previo a la intención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por dedicar un día al año a la celebración del niño, de acuerdo con un acta exhibida en una notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el día del niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, no fue sino hasta 1924 que se señaló el 30 de abril como “Día del niño”, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y Secretario de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos.
Desde entonces muchos cambios se han sucedido, entre ellos la gestación de una idea diferente de lo que es ser niño, una concepción más avanzada en torno al bienestar infantil en función de las necesidades históricas que acompañan al desarrollo de los menores en todo el mundo, una concepción específica de los derechos que todo niño tiene y una nueva visión de género que apunta, desde el lenguaje, a visibilizar a “las niñas”, cuyas especificidades y necesidades quedaban ocultas tras la palabra “niño”.
La necesidad de hablar de la niña como diferente del niño, no puede restringirse a una mera cuestión gramatical y argumentar que el término “niño” es genérico y por tanto no es necesario hacer la diferenciación al hablar, pues históricamente cientos de hechos demuestran que ni cuando se habla del “hombre” o del “niño” se incluye necesariamente a todos “los hombres” y a todos “los niños”, mucho menos a las mujeres y las niñas. Para reforzar esta idea, se puede sostener que el uso en singular de ambos adjetivos tiende a des-historizar la experiencia histórica de ser hombre o niño, a partir de una abstracción lingüística, peor aún si el ser mujer o niña queda oculto tras tales adjetivos.
Es así que hoy, lo adecuado es hablar del “Día del niño y de la niña”, teniendo en consideración que no sólo las niñas son diferentes de los niños y viceversa, sino que las diferencias trascienden a los niños y a las niñas, de manera que no es lo mismo ser niña en una comunidad indígena de escasos recursos, que niña en la ciudad de México y dentro de una familia de altos ingresos. Lo mismo, no es igual ser niño judío que católico, o niño pobre que rico, o niño instruido que analfabeta, o niño o niña en el siglo XIX o en el XXI.
Pero más allá de la forma actual de referirse a la celebración del “Día del niño y de la niña”, es oportuno reflexionar en torno a un evento que, inevitablemente, arroja luz sobre la manera en la que las niñas y los niños son vistos hoy en la sociedad mexicana.
Este suceso es la canonización de Juan Pablo II, nombre al que ahora deberá anteceder la apócope “san”, y el cual no puede desligarse del contexto en el que se da. Un contexto en el que el prestigio y credibilidad de la Iglesia Católica, como jerarquía y como iglesia pastoral, son cuestionados por los miles y miles de niños abusados sexualmente por sacerdotes cuya misión era velar por “su rebaño”, incluidos en él los niños y las niñas.
Las denuncias de pederastia clerical se han presentado en países como: Alaska, Canadá, Chile, Estados Unidos, Irlanda y Alemania, Puerto Rico y México, entre otros.
En los últimos años se han incrementado los testimonios de hombres adultos que de niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes pederastas.
La misma ONU ha hecho comparecer a representantes del Vaticano para que respondan por los abusos cometidos por algunos de miembros de la Iglesia Católica en contra de niños y niñas en diversas partes del mundo y por una acusación de supuesta protección institucional a sacerdotes pederastas por parte incluso del mismo Juan Pablo II, ahora santo.
Lo anterior ha llevado a suponer que el ejercicio de la pederastia por parte de curas católicos es un problema estructural de la Iglesia Católica más que una cuestión coyuntural o de corto alcance. Si tal hipótesis fuera comprobada, las preguntas necesarias serían: ¿Desde cuándo se abusa sexualmente de niños y niñas tras los muros de las iglesias católicas o bajo la autoridad que da pertenecer a tal institución religiosa? ¿Desde cuándo la alta jerarquía católica está enterada de semejantes conductas? ¿Cuántos miles de niños y niñas han sido abusados por sacerdotes pederastas? ¿Se puede esperar que todos los sacerdotes pederastas y sus “protectores”, como el Cardenal Norberto Rivera de México, reciban, de la justicia civil que no sólo eclesiástica, el castigo que merecen? Pero lo más importante ¿Será realmente posible frenar la pederastia clerical y proteger a niños y niñas de estas malas prácticas? y ¿Se podrá minimizar el daño sufrido por los niños y niñas que han sido abusados brindándoles apoyo psicológico y moral?
Se puede afirmar que habrá respuestas para algunas de estas preguntas pero que nunca se sabrá el número real de menores abusados, pues sería tanto como imaginar que cada cura pederasta llevara un registro de los niños y niñas agredidos por él, y que éste a su vez pasara un reporte a una autoridad que desde la llamada “Santa Sede” llevara, a su vez, un registro fiel de todos los casos que se hubieren dado a lo largo de la historia de esta institución.
Suena absurdo suponer tal cosa, lo que no es absurdo es pensar que los casos conocidos hasta hoy y que datan de hace muy poco, no serán los únicos, sino sólo aquellos sobre los que se tiene conocimiento y que sirven para ejemplificar un fenómeno cuyas dimensiones y temporalidad se desconocen.
Por otro lado, es interesante conocer la respuesta que ante tales acusaciones ha dado o dará la feligresía católica. En primer lugar, habrá que apuntar que con seguridad la gran mayoría de fieles católicos, aquellos que acostumbran no informarse, desconocen las acusaciones en contra de la institución religiosa y del hoy “santo” Juan Pablo II, en cuanto a que si tenía conocimiento de los abusos, por ejemplo del Padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo en México y que tantas aportaciones económicas hizo al Vaticano, en contra de niños, incluso de sus propios hijos, tenidos durante su sacerdocio bajo una clara doble vida.
Pero no todas ni todos los católicos desconocen las reiteradas acusaciones de pederastia en contra de su iglesia, por lo que cabe preguntarse ¿Cuáles son los factores que les permiten sostener su confianza en la Iglesia Católica como institución?
Primero, se entendería que su fe en Dios sea superior a la institución y que esta misma fe les haga pasar por alto los “errores humanos” cometidos por quienes se dicen representantes de Dios en la tierra.
Segundo, que se nieguen a tomar por ciertas dichas acusaciones bajo la luz de una confianza ciega en la Iglesia Católica.
Tercero, que minimicen los abusos sexuales cometidos en contra de miles de niños y niñas en todo el mundo, como un hecho irrelevante en la historia de una institución con tantos siglos de vida, tradición y “buenas obras”. Para lo cual se podría aducir que: Si la “Santa Inquisición” y su “piadosa” manera de suprimir la herejía, vía la tortura, no pudo derrumbar la fe en la Iglesia no lo hará la pederastia clerical.
Cuarto y más preocupante, que vean con “naturalidad” los abusos sexuales cometidos en contra de los menores al asumir que no hay nada de nuevo en ello, que a lo largo de la historia las violaciones a niños y niñas han acompañado siempre a la humanidad, ya sea dentro de la misma familia por miembros de ésta o de gente cercana a ella, en la escuela, en la calle, en la iglesia, por lo que no hay que escandalizarse sino tratar de “meter la basura debajo de la alfombra” y callar y hacer callar a las víctimas de tales atropellos.
Esta última hipótesis no es descabellada si se piensa en todas las ocasiones en las que se tiende a juzgar, violentar y excluir a los niños y niñas que se atreven a denunciar al padre, al tío, al abuelo, al hermano, al primo, al amigo, al vecino, al profesor, al médico, al sacerdote. Se tiende a pensar que el menor miente y a conceder mayor credibilidad al adulto que niega tales eventos.
Pareciera que existe un pacto social no hablado ni escrito para acallar hechos de esta naturaleza, mismos que llenarían de agravio y vergüenza a la familia de los infantes que han tenido la desgracia de sufrir una agresión sexual y la valentía de denunciarlo, dado que las críticas se dirigen a las víctimas y no a los victimarios, sobre todo si el agresor y sus cómplices, cuando los hay, cuentan con algún tipo de liderazgo moral.
Suele ocurrir también que sea la propia familia la que re-victimice al o a la menor de edad al no dar crédito a sus palabras, al culparlo o culparla del hecho o al no hacer nada para evitar tales abusos, incluso al entregarlo o entregarla al abusador bajo la influencia incuestionada de quien detenta algún tipo de autoridad moral o civil. En otros casos, cuando la familia toma por cierto el abuso, ella y la niña o el niño ultrajado son rechazados por su grupo y comunidad de pertenencia e ignorados por la autoridad, civil o eclesiástica, que debería juzgar y castigar al agresor.
Casi para terminar, es oportuno aclarar que el propósito aquí no es hacer flaquear la fe de nadie, sino invitar a la reflexión en torno al trato que socialmente se da a niñas y niños en México, no sólo al interior de la Iglesia Católica, sino en la sociedad en su conjunto y recordar que el Día del niño y de la niña, debería ser siempre una ocasión feliz para agasajarlos, pero sin dejar de lado todos los temas pendientes que hacen que muchos niños y niñas en México no tengan infancia como el hambre, la pobreza, la explotación laboral y sexual, la pornografía infantil, la violencia doméstica, el abandono, el abuso sistemático, el secuestro y la trata, etcétera.
Finalmente, hay que reiterar que las niñas y los niños tienen derecho a la vida, a la salud, al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades recreativas, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros, a un nombre y una nacionalidad, a una familia, a la protección durante los conflictos armados, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general, y a la educación gratuita y obligatoria.
