Por: Estela Garrido
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“No me regresé. Seguí mi camino y ahora estoy aquí, porque vivir en este lugar es mejor que la vida que llevaba en mi país. Si yo regreso estoy perdida, en mi país están las pandillas, está la pobreza. Aquí en México puedo alquilar un cuarto, poner un negocio y traer a mis hijos”, afirma Amita, inmigrante centroamericana.
Amita es uno de los muchos casos que se repiten en México. Una inmigrante de Centroamérica tiene que trabajar como mesera, fichera o prostituta para lograr mantenerse en el país. Víctima de la trata de personas y la explotación sexual, estas mujeres aseguran que prefieren esta situación que la viven en sus países de origen.
Según el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos (CAM) de la Ciudad de México, el 90% de las mujeres involucradas en la industria sexual al sur de México provienen de Centroamérica. En buena parte, debido a la remuneración que reciben.
Para Amita, trabajar como empleada doméstica no es redituable. El sueldo que percibe como ‘acompañante’ no es equiparable a la remuneración que pagan por trabajar como empleada doméstica.
“Aquí puedo ganar mucho más, con solo sentarme a tomar una cerveza con los clientes. Hasta el momento es lo que puedo hacer para sacar a mis hijos de mi país”, asegura.
Los datos de mujeres migrantes han aumentado en los últimos años. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2012 se reportaron 11 mil 958 mujeres que viajaron de Centroamérica a Estados Unidos atravesando México. Mientras que el año anterior, en 2011, se reportaron 9, 160 mujeres y niñas alojadas en estaciones migratorias, lo que representa un incremento del 30% en relación con el 2012.
Las migrantes se ven obligadas a trabajar en las redes de prostitución y comercio sexual, en parte por la remuneración y, sobre todo, por su condición de género.
“La especificidad del cuerpo de mujer como terreno de riesgo expone a la migrante a una situación constante de acoso, agresiones, violaciones. Y, al mismo tiempo, el cuerpo femenino representa un recurso potencial para la sobrevivencia y para el cumplimiento de su proyecto de vida”, indicó Oscar Arturo Castro Soto, especialista del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.
Tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacaron la necesidad de diseñar y aplicar políticas sociales que garanticen la seguridad de estas mujeres que migran a México buscando mejorar sus condiciones de vida.
Por ello, se creó el Programa Atención a Migrantes el 6 de marzo de este año. Aunque cabe destacar el reto que enfrentan las organizaciones civiles y las autoridades gubernamentales debido al estrecho vínculo que estas redes de comercio sexual mantienen con el crimen organizado en la frontera.
