La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación contra quien fuera la oficial mayor de la PGR en sexenio de Felipe Calderón, Guillermina Muñoz Soto quien además estuvo a cargo de la dirección general adjunta de Finanzas del extinto Banco de Ahorro Nacional y de Servicios Financieros (Bansefi).
De acuerdo con la SFP, en julio de 2016 Muñoz autorizó recursos hasta por 825 millones de pesos para un servicio que contaba con un contrato vigente en Bansefi.
Además en 2017, la entonces PGR la acusó de fraude fiscal por 2.1 millones de pesos, relacionados con la compra de una casa de 8.7 millones de pesos ubicada en Jardines del Pedregal en 2012, misma que fue financiada parcialmente por el empresario Alejandro Puente, cuando ella era Oficial Mayor de la Procuraduría.
La orden de aprehensión por dicho fraude está vigente, luego que un tribunal colegiado de circuito negó un amparo a la ex funcionaria, quien no ha sido detenida.
“Usted, como área requirente suscribió indebidamente una justificación del plazo de la contratación; lo que resulta presuntamente injustificadas, toda vez que se contaba con un proveedor que otorgaba el mismo servicio desde el año 2011 y que contaba con un contrato vigente del 2014 hasta 2017, por lo que es evidente que en ningún momento se actuó apegado a derecho el emitir dicha solicitud”.
“Presuntamente no se cumplió con las ventajas económicas aludidas, y de la misma manera las ventajas de operación, ya que se estaba cumpliendo con el contrato vigente DJ-SCC-2C.19.06-2014-208, celebrado con el proveedor Fideicomiso No. F/00185, causando un daño económico a la institución por una contratación duplicada, lo mismo en el servicio, como en el tiempo de duración de ambos contratos”, se lee en el citatorio de la SFP, el cual fue notificado por edicto el 4 de noviembre.
De acuerdo con las investigaciones el proveedor mencionado es FIMPE Fideicomiso, el cual tenía un contrato de septiembre de 2014 a mayo de 2018, por 345 millones de pesos, para dispersar recursos de programas sociales del Gobierno.
En ese periodo Muñoz fungió como Directora General Adjunta de Tecnología y Operación de Bansefi, y autorizó los 825 millones, sin previo visto bueno de la Dirección General de Finanzas.
Cabe precisar que en la PGR, también fue Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cargo en el cual pagó 92 millones de pesos para 17 sistemas tecnológicos, contratados por adjudicación directa en junio de 2012 con la empresa La Red Corporativo.
Anteriormente el Poder Judicial rechazó la acusación de la extinta PGR, quien también solicitó la aprehensión de Muñoz por uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de esta compra.
