La Secretaría de Gobernación se opuso a aceptar algunos requisitos mínimos señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo es al número de visitas y estancias necesarias tanto de los dos comisionados que integrarán el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, como del equipo técnico que ayudará en las investigaciones.
Por ello las negociaciones entre el gobierno federal y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se estancaron el día de ayer, ya que los familiares de los normalistas consideran que esos puntos del esquema son centrales en el mecanismo de investigación, así como las medidas cautelares emitidas por la CIDH y las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Vidulfo Rosales, representante legal de las madres y padres de los 43, denunció que es inaceptable que el gobierno mexicano pretenda limitar las visitas de los comisionados y equipo técnico que tiene el fin de esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Está reunión donde no conciliaron los padres de los 43 y el Centro Pro de Derechos Humanos, con los representantes del gobierno federal, el subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos la SG, Roberto Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales de cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, se realizó a nueve días de asistir Washington para sostener un diálogo con la CIDH.
