A unas horas de reunirse con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se les presentarán nuevas líneas de investigación y detenciones clave, entre las que destaca la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Durante su conferencia matutina, la mandataria anticipó que el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, explicará detalladamente a las familias el proceso de investigación que condujo a la captura del exmandatario estatal. Además, Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, que estas nuevas rutas de investigación se hagan públicas antes del 26 de septiembre, fecha en la que se cumplirán 12 años de la desaparición de los estudiantes.
La jefa del Ejecutivo federal resaltó que el actual progreso se logró gracias a un análisis profundo de las «sábanas» de llamadas telefónicas registradas durante la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con la presidenta, estos registros y cruces de comunicación nunca fueron examinados a fondo por las administraciones ni fiscalías previas.
«Es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes», subrayó la mandataria, tras asegurar que este trabajo coordinado ha permitido capturar a personas que ni siquiera habían sido involucradas formalmente en el pasado.
La detención de Ángel Heladio Aguirre Rivero, efectuada el pasado 5 de agosto, marca un punto de inflexión en el caso. Al exgobernador se le acusa directamente de haber ordenado el ocultamiento de evidencia, específicamente las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el ataque contra los estudiantes frente al Palacio de Justicia de Iguala.
En su momento, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó de manera categórica que la desaparición de dichos videos no fue una omisión técnica o un hecho aislado, sino «el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal», encabezado entonces por Aguirre.
Con estas acciones, el Gobierno Federal busca dar un paso definitivo hacia el esclarecimiento de los hechos, cuidando que la difusión pública de los datos no afecte el debido proceso de las investigaciones en curso.
