La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no actuará únicamente con base en acusaciones provenientes de Estados Unidos y subrayó que cualquier solicitud de detención con fines de extradición contra funcionarios mexicanos debe estar respaldada por pruebas claras y suficientes conforme a las leyes nacionales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros funcionarios mexicanos en solicitudes enviadas por autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sheinbaum sostuvo que México tiene derecho a exigir elementos sólidos antes de proceder legalmente contra cualquier persona.
“Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, expresó.
La titular del Ejecutivo federal insistió en que la cooperación con Estados Unidos no significa aceptar acusaciones sin sustento judicial y reiteró que cualquier acción debe apegarse al marco legal mexicano.
“No se puede actuar sólo por una declaración”
La presidenta advirtió que el país no puede iniciar procesos judiciales únicamente por señalamientos hechos desde el extranjero o por declaraciones sin pruebas formales.
“Porque si no, con una declaración de una persona de un lugar, ya con eso contra algún gobernador, o contra otro gobernador, o contra otro gobernador, o contra otro gobernador. Pero yo dije, incluso si se tratara de un gobernador que no hubiera sido electo por Morena, sino por otro partido político, estaríamos actuando de la misma manera”, afirmó.
Sheinbaum remarcó que la postura del Gobierno federal no busca proteger a ningún actor político, sino garantizar que cualquier investigación tenga bases jurídicas suficientes.
“Si hay personas que cometieron algún delito, por supuesto, pero que tengan pruebas con base en las leyes mexicanas”, señaló.
Gobierno defiende soberanía y legalidad
La mandataria también sostuvo que permitir decisiones políticas internas basadas únicamente en acusaciones extranjeras implicaría afectar la soberanía nacional.
“Porque de otra manera, entonces se determina desde afuera, sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, si se queda gobernando uno o no, también es un tema de soberanía”, dijo.
Sheinbaum explicó que, tras recibir la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consultó directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la existencia de pruebas suficientes para proceder contra los señalados.
FGR respondió que no había pruebas suficientes
De acuerdo con la presidenta, la Fiscalía respondió que no existían elementos suficientes para ejecutar las acciones solicitadas por las autoridades estadounidenses.
“Llega esta orden, le pregunto a la Fiscalía qué opinión tiene, si hay suficientes pruebas para lo que se está pidiendo, y la Fiscalía contesta: no hay pruebas, no hay suficientes pruebas”, relató.
La mandataria agregó que, a partir de esa respuesta, la propia FGR abrió investigaciones internas para determinar si existen responsabilidades penales conforme a las leyes mexicanas.
EUA pidió detención de políticos y funcionarios mexicanos
El pasado 28 de abril, recordó Sheinbaum, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a México la detención urgente con fines de extradición de 10 funcionarios, exfuncionarios y políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Entre los nombres señalados aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, además de exmandos policiacos y funcionarios de seguridad sinaloenses.
La presidenta reiteró que las investigaciones deben desarrollarse con base en pruebas verificables y conforme al marco jurídico mexicano, independientemente de presiones o acusaciones externas.
