- La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las plataformas deben asumir responsabilidad frente a contenidos que promuevan delitos y violencia; además, llamó a madres y padres a reforzar la prevención y adelantó que las nuevas obligaciones deberán quedar respaldadas por un decreto o una ley.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó establecer límites legales a la difusión de contenidos relacionados con actividades delictivas en redes sociales y plataformas digitales, particularmente aquellos vinculados con violencia y abuso sexual, al considerar que las empresas tecnológicas no pueden permanecer al margen cuando sus servicios permiten que este tipo de materiales se propaguen.
Durante su conferencia de este viernes, la mandataria dejó claro que la estrategia deberá combinar responsabilidad de las plataformas, prevención desde las familias y mecanismos jurídicos que permitan retirar y reportar contenidos de riesgo, especialmente cuando pueden impactar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
“Tiene que haber prohibición de ciertas cosas”
Sheinbaum señaló que existen contenidos cuya difusión debe tener límites, sobre todo cuando están directamente relacionados con conductas delictivas y pueden ser amplificados por los algoritmos de las plataformas.
“Tiene que haber prohibición de ciertas cosas en las redes que son delitos, no pueden estarse divulgando y más con los algoritmos, de actividades delictivas particularmente, relacionadas con el abuso sexual (…) tiene que tener un límite y yo creo que ahí está es unanimidad. No creo que alguien esté a favor de que esas cosas se difundan en las redes sociales, y también estos mecanismos”.
La postura presidencial se produce después del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, que dejó una integrante del personal directivo muerta y cuatro personas lesionadas. El Gobierno federal informó este viernes que trabaja en una respuesta que incluye mayores obligaciones para las plataformas digitales y acciones preventivas dentro de las comunidades escolares.
El objetivo inmediato, explicó Sheinbaum, es que cuando las propias plataformas detecten comunicaciones o interacciones relacionadas con actos violentos, no permitan que continúen circulando: deberán retirar esos contenidos y reportarlos a las autoridades competentes.
Plataformas tendrán que asumir responsabilidad
La Presidenta señaló que las medidas deberán adquirir sustento jurídico, ya sea mediante un decreto presidencial o una ley, y adelantó que el Gobierno mantendrá diálogo con las empresas tecnológicas para construir los mecanismos correspondientes.
La propuesta no parte de una regulación indiscriminada de lo que se publica en internet, sino de establecer obligaciones concretas frente a contenidos vinculados con delitos o que inciten directamente a cometer actos violentos. El Gobierno también ha señalado que la intención es construir las medidas sin convertirlas en un mecanismo de censura.
“No todo es punitivo, una parte muy importante muy importante es la prevención (…) tiene que traducirse en un decreto presidencial o en una ley, algún esquema jurídico, que obligue a las plataformas y se puede establecer diálogo con ellos, no se trata de no hablar con ellos, pero nadie puede estar en contra de esto, me parece que es algo que toda la sociedad mexicana está de acuerdo en evitar que a través de las redes se propaguen comportamientos como éstos”.
El Gobierno de México prevé comenzar la próxima semana los trabajos para elaborar un decreto que establezca obligaciones en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación entre las empresas y las autoridades.
Prevención también comienza desde las familias
Sheinbaum colocó otro elemento en el centro de la estrategia: la participación de madres y padres de familia. La mandataria pidió mantenerse atentos tanto a los contenidos que consumen sus hijas e hijos como a posibles cambios de conducta que permitan identificar situaciones de riesgo con anticipación.
El planteamiento forma parte de una estrategia más amplia que contempla acompañamiento para adolescentes y jóvenes, participación de las familias y fortalecimiento de herramientas de prevención en las escuelas.
La Presidenta insistió en que la respuesta no puede limitarse a sanciones. El objetivo es construir un esquema en el que familias, autoridades y empresas tecnológicas compartan responsabilidades, mientras las plataformas dejan de funcionar como espacios donde contenidos relacionados con violencia o actividades delictivas puedan multiplicarse sin mecanismos de actuación.
La discusión sobre las plataformas, además, no comenzó con los hechos de Torreón. Desde meses atrás, el Gobierno federal realiza consultas y foros sobre el impacto de las redes sociales entre menores de edad, con participación de madres, padres, docentes, especialistas e instituciones educativas, para avanzar hacia una regulación que incremente la protección de niñas, niños y adolescentes.
Con las nuevas medidas anunciadas, el Gobierno busca dar un paso adicional: establecer responsabilidades jurídicas para que las plataformas detecten, retiren y reporten contenidos relacionados con delitos o llamados a la violencia, mientras se fortalece desde las familias y las escuelas la prevención de conductas que puedan convertirse en situaciones de riesgo.
