- La Presidenta Claudia Sheinbaum advierte que cancelar visas a figuras políticamente expuestas tiene un “sentido político e injerencista” y exige a Washington presentar pruebas ante México: cooperación con EU, sí; subordinación e intervención, no.
La presidenta Claudia Sheinbaum endureció su postura frente a la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticamente expuestas en México. Tras conocerse el retiro del permiso a Andrés Manuel López Beltrán, la mandataria sostuvo que este tipo de decisiones adquieren un “sentido político e injerencista” cuando no están acompañadas de pruebas que sustenten algún señalamiento.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum dejó claro que Estados Unidos puede establecer sus propias reglas para permitir el ingreso a su territorio, pero no convertir una decisión administrativa en un instrumento para intervenir en la vida política mexicana. Si Washington cuenta con elementos sobre la posible comisión de un delito, señaló, debe presentarlos y permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) y los jueces mexicanos actúen conforme a sus atribuciones.
Si EU acusa, Sheinbaum exige pruebas
La mandataria sostuvo que la cancelación de una visa no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad, particularmente cuando se trata de personajes con presencia política. Por ello, cuestionó las interpretaciones que pretenden presentar la posesión o pérdida del documento estadounidense como una especie de certificado sobre la conducta de una persona.
Ante cualquier señalamiento que involucre posibles delitos, Sheinbaum exigió pasar de las insinuaciones a las pruebas y respetar las instituciones mexicanas.
“Si hay pruebas contundentes y fehacientes, pues que se presenten y que sea la Fiscalía General de la República y un juez quienes determinen lo que corresponda”.
La posición presidencial establece así una frontera clara entre las facultades migratorias de Estados Unidos y cualquier acusación con implicaciones legales en México: Washington puede decidir sobre sus visas, pero una eventual responsabilidad penal debe acreditarse con pruebas y mediante los procedimientos correspondientes.
Sheinbaum también cuestionó que este tipo de medidas no se apliquen de manera uniforme entre países, elemento que, desde su perspectiva, fortalece la lectura de que existe un componente político en la cancelación de visas a determinadas figuras mexicanas.
“Quien decide es el pueblo de México”
El planteamiento de fondo fue más allá del caso de López Beltrán. Sheinbaum colocó la soberanía mexicana en el centro de su respuesta y rechazó que decisiones adoptadas desde otro país puedan utilizarse para incidir en el debate político nacional.
México, enfatizó, no interviene en las elecciones ni en los procesos internos de Estados Unidos, por lo que espera el mismo respeto hacia las decisiones que corresponden exclusivamente a los mexicanos.
“Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana quien decide es el pueblo de México”.
La presidenta defendió que la relación bilateral debe sostenerse sobre respeto mutuo, coordinación y cooperación, pero dejó fuera cualquier esquema que implique subordinación o intervención extranjera en los asuntos internos del país.
La postura cobra especial relevancia por la intensa relación entre ambos gobiernos en materias como migración, comercio y seguridad. Para Sheinbaum, esa cooperación no concede a Washington facultades para determinar el rumbo de la política mexicana ni sustituye la actuación de las instituciones nacionales.
El caso López Beltrán detona el nuevo choque político
Las declaraciones se produjeron horas después de que Andrés Manuel López Beltrán hiciera pública una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau ordenaron retirarle la visa estadounidense.
En el documento, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador negó que existan pruebas de algún comportamiento delictivo o inmoral en su contra y calificó la decisión como política y autoritaria.
Sheinbaum, sin embargo, amplió el debate más allá de un solo nombre. Su cuestionamiento se dirigió al uso de las cancelaciones de visas contra personas políticamente expuestas y a las consecuencias que pueden tener cuando posteriormente son utilizadas como argumento dentro de la disputa política mexicana.
También señaló que, frente a campañas de desinformación y utilización de cuentas automatizadas en redes sociales, México mantiene la libertad de expresión, pero insistió en que los señalamientos contra ciudadanos mexicanos deben estar sustentados en pruebas.
Cooperación, pero sin subordinación
El mensaje de la Presidenta hacia Washington quedó concentrado en dos condiciones: si existen acusaciones, deben existir pruebas; y si existe cooperación bilateral, debe desarrollarse entre países soberanos.
La administración mexicana mantiene canales de coordinación con Estados Unidos, pero Sheinbaum reiteró que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que las decisiones sobre su política interna corresponden al pueblo mexicano y a sus instituciones.
Así, frente al retiro de visas a figuras políticas mexicanas, Sheinbaum trazó una línea frente a Estados Unidos: una decisión migratoria no sustituye una investigación ni acredita culpabilidades. Si Washington tiene elementos, sostuvo, debe ponerlos sobre la mesa; de lo contrario, utilizar esas medidas con efectos políticos representa una forma de injerencia que México no tiene por qué aceptar.
