La justicia mexicana ya tiene nombre y fecha en el radar: Simón Levy Dabbah. El polémico empresario y exfuncionario enfrenta desde el 8 de agosto de 2025 una orden de aprehensión girada por el juez Víctor García Robles, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el presunto delito de daño doloso a la propiedad dentro de la causa penal 02565/2020.
El mandamiento es claro: localizarlo y presentarlo ante el juez, incluso fuera de la capital. El documento enfatiza que la aprehensión puede ejecutarse en cualquier entidad federativa o, de ser necesario, a través de convenios de colaboración internacional contemplados en el artículo 119 constitucional.
La orden y el delito principal
La orden de captura no surge de la nada. En 2020, Emma Yolanda Santos González denunció a Levy por incumplir un convenio de construcción en Polanco, CDMX. La querella escaló con fuerza un año después, cuando en 2021 se viralizó un video donde Levy aparece pateando y golpeando la puerta del domicilio de la denunciante, entre insultos y amenazas.
Ese episodio fue clave para robustecer la acusación por daño doloso a la propiedad, que ahora lo persigue con un mandato judicial en firme.
Ficha roja de Interpol: confirmada por FGR, negada por Levy
El caso tomó otro nivel en agosto de 2025, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó a Interpol una ficha roja internacional. Esto significa que cualquiera de los 196 países miembros puede detener a Levy de forma provisional para un eventual proceso de extradición.
Sin embargo, el propio Levy ha salido a desmentirla públicamente: asegura que no existe tal notificación y que todo responde a “filtraciones” diseñadas para dañarlo mediáticamente. Pese a ello, la versión oficial de la FGR mantiene firme la existencia de la alerta internacional.
El amparo que lo mantiene libre (por ahora)
En medio de la presión judicial, Levy consiguió un respiro legal. La juez Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Penal en la CDMX, le concedió una suspensión provisional que lo blinda de ser detenido mientras avanza el juicio de amparo.
La resolución va más allá: incluso si el delito imputado ameritara prisión preventiva oficiosa, no podría ser arrestado hasta que se resuelva de fondo el caso. La jueza también ordenó al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX entregar en un plazo de 48 horas información detallada sobre los delitos atribuidos, los montos del daño y los beneficios presuntamente obtenidos.
Otros señalamientos y denuncias
Más allá del caso central, la figura de Levy acumula un historial de acusaciones. Existen denuncias por violencia de género, amenazas y agresiones físicas, así como por violación a domicilio. En agosto de 2025, la propia Santos amplió cargos en su contra.
No obstante, hasta ahora no se han emitido órdenes de aprehensión adicionales por esos delitos. Es decir, formalmente sólo enfrenta un proceso judicial en firme por daño doloso a la propiedad, aunque su expediente mediático es mucho más amplio.
Lo que está en juego
Hoy el caso de Simón Levy se mueve entre tres frentes:
- Una orden de aprehensión vigente, que lo busca dentro y fuera de México.
- Una ficha roja internacional, confirmada por la autoridad mexicana pero negada por él.
- Un amparo federal, que de momento lo mantiene libre.
En este triángulo de acusaciones, negaciones y protecciones legales se juega el futuro inmediato del empresario, mientras la opinión pública revive un caso que parecía enterrado pero que regresa con más fuerza que nunca.
