La devaluación de la divisa mexicana hasta 19.67 pesos por dólar en bancos de la capital de la República, junto con el anunciado ajuste al gasto del gobierno federal éste y el próximo año, así como el motín, confrontación o intento de fuga en el penal de Topo Chico; la resistencia del gobierno federal a permitir avanzar las investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapan desaparecidos; y la proliferación de delitos de alto impacto, en diversas regiones del país, son las dos caras de la misma moneda de una administración que hace agua por diversos flancos.
El gabinete de seguridad que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, resiente una enfermedad endémica de la administración pública federal: total carencia de credibilidad. Nadie cree en las cifras, estadísticas y números propagandísticos difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El descrédito trasciende fronteras y los observadores internacionales, como los parlamentarios europeos participantes en la Comisión Mixta México-Unión Europea, cuestionan a la administración federal y al Poder Legislativo los presuntos “avances importantes” en materia de derechos humanos en el país.
Los diarios afines al Ejecutivo federal publican en sus primeras planas las estadísticas en las que la incidencia criminal en México relacionadas con los delitos de alto impacto –homicidios dolosos, secuestros y robo a vehículos- “logra la menor tasa de delitos en 19 años”. Los números muestran únicamente los avances en el plano teórico, legislativo, propagandístico, pero no reflejan la realidad que se resiente a lo largo y ancho del territorio nacional.
El papel lo aguanta todo pero no coincide ni refleja la realidad que se resiente en las entidades federativas y se ve todos los días en las noticias de los medios independientes. Según los datos de la Segob, en 2015 se registraron mil 240 casos de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, y hacen una regresión histórica para compararse con los registros de 1997 en donde se denunciaron mil 534 delitos, en tanto que en el penúltimo año de la gestión de Felipe Calderón se alcanzó el máximo de casos denunciados con mil 495. El reporte Avances en la política de seguridad concluye que al cierre del año 2015 se redujo 14% la tasa de delitos en comparación con 2012, cuando alcanzó los mil 457 casos por cada 100 mil habitantes.
No hay registros alternos a los del gobierno federal, pero las investigaciones independientes demuestran la ausencia de una estrategia pública integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado en esta gestión, la cual ha generado un incremento de los asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país.
Por ejemplo, de acuerdo con el puntual seguimiento del semanario Zeta, de Tijuana, al cerrar la primera mitad de la gestión de Peña Nieto, se registraron 65 mil 209 homicidios dolosos, con lo que superó en este rubro al gobierno de Felipe Calderón, aunque en discursos, entrevistas a medios de comunicación y reportes, Osorio Chong sostenga: “la incidencia delictiva nosotros ya la bajamos de una manera significativa”.
PAPA HABLARÁ DE NARCO Y POBREZA: VATICANO
“Denunciar el mal” y “alzar la voz” ante fenómenos como la corrupción, el narcotráfico o la violencia, es uno de los retos de la Iglesia mexicana, sostuvo Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano. En una entrevista publicada el jueves por el Centro Televisivo Vaticano, un día antes del inicio del viaje del Papa Francisco a México, apuntó: “el reto es denunciar el mal que está presente, alzar la voz contra todos aquellos fenómenos negativos, desde la corrupción al narcotráfico, la violencia o la criminalidad, que impiden al país proceder por la vía del progreso material y espiritual”.
Otro de los objetivos de la Iglesia local mexicana, en opinión del purpurado, es del de “educar las conciencias desde el punto de hacerlas más sensibles ante fenómenos negativos”. También abordó el encuentro, este viernes, del Papa en La Habana con el patriarca ruso Kiril, un evento histórico no producido desde hacía un milenio, desde el cisma del 1054. “El hecho de que el Papa y el patriarca de todas las Rusias se vean es un gran signo de esperanza. Es verdaderamente un momento de coraje, que anima a continuar, a tratar de construir cada vez mayores vínculos de acuerdo, de encuentro, de diálogo”, valoró.
TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS A MÉXICO
La operación Rápido y Furioso, conducida de 2006 a 2011 por la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) de Estados Unidos, exactamente en el periodo de la denominada “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón, en la cual se perpetraron más de 70 mil homicidios violentos en territorio mexicano, permitió el trasiego ilegal “supervisado” de más de dos mil armas de Estados Unidos a México, como parte de un operativo estadounidense contra el cartel de Sinaloa.
Dicha operación fue “supervisada de manera irresponsable” por la ATF, concluyó el informe final de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia. Los funcionarios de la oficina local de la ATF y los fiscales federales “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”, sentenció el documento de 26 páginas y anexos.
El informe de la OIG apuntó: “concluimos que el liderazgo de la ATF debió percatarse sobre los agentes que no estaban adoptando acciones apropiadas conforme a la compra de armas por intermediarios ocurría a un ritmo alarmante y debió haberle puesto fin a la operación. “Adicionalmente advertimos que algunos altos funcionaros de ATF ignoraron advertencias de personal de la ATF sobre la decisión de los agentes de no confiscar armas a pesar de que tenían la autoridad legal para hacerlo”.
