Según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el bajo crecimiento económico de México en los últimos 25 años se debe a la caída de los índices de productividad. En un inusual tono autocrítico, reconoció que de 1983 a 2013, el país “creció” a una tasa de 2.4 por ciento, “cifra inferior a la del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. Señaló que ante la coyuntura de menores ingresos petroleros, “le toca al gobierno federal apretarse el cinturón”. Nada dijo sobre las causas reales de la baja productividad en la nación, como los bajísimos salarios que devengan los trabajadores mexicanos y las pésimas condiciones sociales y culturales en la mayor parte del territorio nacional.
En la inauguración de la Cumbre Internacional de Productividad: un diálogo sobre el futuro, que organizó la OCDE, Videgaray dijo que el gobierno federal “no incrementará el endeudamiento público como mecanismo para compensar la disminución de los ingresos petroleros”. Por su parte, Enrique Peña Nieto anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de crear “zonas económicas especiales en las entidades con mayor rezago social y eventualmente político”. El propósito es “impulsar la productividad, sin la cual no hay prosperidad de los países ni bienestar para las personas”.
Es preciso puntualizar que el desarrollo es consecuencia de un proyecto de nación que reúna las condiciones requeridas para lograr un crecimiento integral del aparato productivo. Esto no se ha visto en el país desde hace muchas décadas, cuando el Ejecutivo federal traspasó su responsabilidad de rector de la economía a los agentes económicos mejor vinculados con los intereses trasnacionales dominantes. Esta situación la propició Luis Echeverría Álvarez, cuando decidió tomar en sus manos la ejecución de las tareas fundamentales de la Secretaría de Hacienda, lo que abrió las puertas a los tecnócratas en el sexenio de José López Portillo.
El resultado es que durante tres décadas de políticas económicas neoliberales, el país ha caminado en reversa, y así seguirá mientras siga en el poder el régimen reaccionario cuyo principal compromiso es garantizar a la oligarquía altas tasas de ganancias y total impunidad al saqueo de que es víctima el país. La productividad nacional es lo que menos le ha interesado al régimen tecnocrático, en cambio ha puesto todo su empeño en asegurar que las maquiladoras, las empresas con mayores niveles de tecnología e innovación, tengan beneficios que no encuentran en otras naciones. De ahí que haya crecido la brecha entre este tipo de empresas y las que son netamente nacionales.
Lo más dramático es que la situación habrá de empeorar en los próximos años, porque los cambios constitucionales, como los que dieron paso a las reformas estructurales, obedecen al imperativo de beneficiar aún más a los empresarios extranjeros. En consecuencia, la desigualdad social crecerá exponencialmente, incluidos los niveles de productividad. El cierre de pequeñas y medianas empresas será más dinámico, al igual que los niveles de pobreza en la mayor parte del territorio nacional. Así lo dejan ver las cifras que dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que para la titular son la demostración del “extraordinario esfuerzo” que está haciendo la dependencia por alcanzar la meta de acabar con el hambre.
Sin embargo, en realidad son la prueba objetiva de que la pobreza va en aumento en el país. No es motivo de orgullo reconocer que la dependencia atiende cada vez a mayor número de pobres. El programa Prospera, de 2012 a 2014 atendió a 843 mil “beneficiarios”, según la directora de éste, Paula Hernández Olmos. Sin embargo, es un dato irrelevante si se tiene en cuenta que los niveles de pobreza extrema en México se elevan a más de 25 millones de personas, la cifra más alta entre las naciones de la OCDE.
Con tanta desigualdad y atrasos en todos los campos de la vida social y económica del país, la productividad con características modernas, de alta innovación científica y tecnológica, es una entelequia cada vez más lejana. Peña Nieto, lo ha reiterado muchas veces, tiene como prioridad inamovible salvaguardar la buena marcha de la macroeconomía, a pesar de las injusticias que esto conlleva, la principal de ellas los bajísimos salarios a los trabajadores. Es preciso recalcarlo: sin justicia social no puede haber altos niveles de productividad.
