Aunque muchos esperaban un espectáculo con nombres y apellidos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue por la vía institucional: no hubo desfile de culpables, pero sí confirmación de castigos. Las empresas señaladas por prácticas abusivas ya fueron sancionadas, pese a intentos de algunos funcionarios y legisladores por frenar el proceso.
En la conferencia matutina de este lunes, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, aseguró que los procedimientos contra las empresas infractoras sí avanzaron.
“Se verificaron, se sancionaron, y se actuó conforme a derecho”
Dijo con tono firme, dejando claro que no hubo impunidad.
El caso tomó vuelo desde la semana pasada, cuando el propio Escalante soltó la bomba en una reunión con diputados: que había recibido solicitudes de “intervención” por parte de legisladores de Morena, para evitar sanciones contra una gasolinera y un hotel de lujo.
Ese día, frente a los legisladores, el procurador no se guardó nada. Pero esta vez, ante la prensa, optó por una ruta más sobria.
“Más allá de los nombres, quiero dejar claro que los procesos se llevaron a cabo y las empresas ya fueron sancionadas”
Reiteró, evitando centrar la conversación en el quién, y enfocándola en el qué.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya se había pronunciado: no debe haber tráfico de influencias, y si alguien sabe algo, que lo diga. Incluso sugirió que Escalante debía aclarar los detalles, ya que él mismo abrió el tema ante legisladores de diferentes partidos.
Pero en esta nueva aparición, el titular de Profeco fue enfático en otro punto:
“Encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y disposición para mejorar el trabajo que hacemos a favor de los consumidores”.
Más allá de lo dicho, el mensaje es claro: la Procuraduría actuó. Las sanciones no se frenaron, ni se archivaron. Las empresas señaladas por abusos ya enfrentan consecuencias.
No hubo lista negra, pero sí acción. No hubo linchamiento político, pero sí compromiso institucional. Y mientras los nombres flotan en el aire como secreto a voces, lo cierto es que el mensaje para el sector privado fue contundente: no importa quién interceda, si hay abuso, hay castigo.
