(16 de enero, 2014).- Tras delimitar la opción de que órganos de justicia federal usen la geolocalización para rastrear teléfonos celulares de presuntos delincuentes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron este jueves la validación de la ley que permite a la Procuraduría General de la República (PGR) la localización de equipos celulares sin necesidad de tener una orden de un juez.
Esta decisión fue determinada por ocho de los once ministros, quienes autorizaron que los procuradores del país puedan solicitar a las empresas de telefonía celular la localización de estos equipos de comunicación en caso de extrema urgencia, cuando estén en riesgo la vida o la integridad física de una persona, cuando pueda ocultarse o desaparecer el objeto de la investigación, y siempre que se trate de delitos como secuestro, amenazas, crimen organizado, delitos contra la salud o extorsión.
Los ministros que avalaron esta ley promovida desde 2012 fueron Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza; mientras que Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls votaron en contra por considerar a la ley violatoria de los derechos humanos.
Entre las adiciones a la propuesta original, se asentó que la PGR no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de texto de los celulares si no se tiene la autorización previa de un juez.
