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Suprema Corte dicta sentencia definitiva contra Emilio Lozoya: Deberá indemnizar a Lourdes Mendoza por daño moral

El máximo tribunal del país desecha el último recurso del exdirector de Pemex, dejando firme la primera condena civil derivada de sus acusaciones en el caso Odebrecht

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Ciudad de México – La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio de casi cuatro años al declarar como firme e inapelable la sentencia por daño moral en contra de Emilio Lozoya Austin. Con esta resolución, el exfuncionario federal está obligado a indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza, marcando la primera derrota jurídica definitiva para Lozoya desde que iniciaron los procesos en su contra.

El origen del conflicto: Una acusación sin pruebas

La disputa legal comenzó en agosto de 2020, cuando se filtró la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR). En dicho documento, el exdirector de Pemex buscaba acogerse a un criterio de oportunidad para evitar la cárcel, señalando a diversos actores políticos y sociales de recibir sobornos y beneficios derivados de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Entre sus declaraciones, Lozoya afirmó que, por instrucciones de Luis Videgaray (exsecretario de Hacienda), se había comprado un bolso de lujo de la marca Chanel con un valor de entre 4 mil y 5 mil dólares para la periodista Lourdes Mendoza. Según el testimonio de Lozoya, este artículo era un “regalo” para asegurar una actitud favorable en su columna periodística.

Ante la falta de evidencia que sustentara dichos dichos y tras demostrar que las fechas citadas por Lozoya no coincidían con la realidad, Mendoza interpuso una demanda civil por daño moral, argumentando que las mentiras del exfuncionario afectaron su prestigio profesional y personal.

El proceso ha recorrido todas las instancias posibles del sistema de justicia mexicano:

  1. Mayo de 2022: Un juez civil de la Ciudad de México dictó la primera sentencia, determinando que Lozoya incurrió en una conducta ilícita al emitir declaraciones falsas que lesionaron el honor de la comunicadora.

  2. Segunda Instancia: Lozoya apeló la decisión, pero una sala civil ratificó la condena inicial.

  3. Juicio de Amparo: El exfuncionario recurrió al amparo ante tribunales colegiados, buscando invalidar la sentencia alegando violaciones a su proceso. Sin embargo, la justicia federal le negó la protección.

  4. Recurso de Revisión (SCJN): Como última medida, Lozoya intentó que la Suprema Corte revisara el caso. No obstante, este miércoles los ministros desecharon el recurso al considerar que no existía un tema de constitucionalidad pendiente, dejando la sentencia previa como cosa juzgada.

La resolución implica que Emilio Lozoya Austin deberá cumplir con los siguientes puntos de manera inmediata:

  • Pago de indemnización: El exdirector de Pemex deberá pagar la cantidad de 500 mil pesos a favor de Lourdes Mendoza como reparación económica por el daño causado a su imagen.

  • Costas judiciales: Lozoya tendrá que cubrir todos los gastos legales derivados del juicio que la periodista tuvo que sufragar durante estos años.

  • Precedente jurídico: Esta es la primera resolución firme en contra de Lozoya vinculada a sus testimonios sobre el caso Odebrecht, lo que pone en entredicho la veracidad de otras acusaciones realizadas bajo su figura de “testigo colaborador”.

Declaraciones destacadas: La periodista Lourdes Mendoza expresó tras conocer el fallo: “Se hizo justicia. La verdad siempre sale a la luz y hoy la Suprema Corte confirma que la mentira y la difamación tienen consecuencias”. Por su parte, el equipo legal de la periodista subrayó que este caso sirve como un recordatorio de que los beneficios procesales (como los que buscaba Lozoya) no otorgan una “licencia para mentir” ni para destruir la reputación de terceros sin pruebas.

Esta sentencia definitiva llega en un momento crítico para Lozoya, quien continúa enfrentando procesos penales por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, donde las autoridades buscan recuperar cientos de millones de dólares por concepto de reparación del daño al erario público.

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