Raúl Linares
(14 de abril del 2014).- La Procuraduría General de la República (PGR), acordó fincar un nuevo cargo para los 17 miembros de las autodefensas de Yerécuaro, detenidos el 29 de marzo y acusados de asesinar al alcalde panista de Tanhuato, Michoacán, Gustavo Garibay García.
De acuerdo a la institución dirigida por Jesús Murillo Karam, dichos personas podrían ser acusadas de “delincuencia organizada” con el fin de cometer “terrorismo”. Estos cargos ya figuran en el expediente AP/PGR/MICH/M-II/319/2014 que la PGR ya consignó ante el Juzgado Primero del Distrito de Morelia, a los que, en primer instancia, solamente se les acusó por el delito de homicidio y, en estos momentos, ya serán juzgados bajo esta modalidad, según la investigación turnada.
“Es posible afirmar que las circunstancias permiten tener por demostrada la materialidad del ilícito de delincuencia organizada con el fin de cometer terrorismo… en agravio de la sociedad, toda vez que las misma se desprende la existencia de una congregación de tres o más personas que se organizan de hecho con la finalidad de realizar de forma permanente o reiterada… delitos que se refiere la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, señala el resolutivo, publicado hoy por el periódico Reforma.
“Traición”, acusan
El 31 de marzo, luego de haber trascendido la noticia del asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, el comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, organizó una conferencia de prensa donde dio a conocer detalles del supuesto móvil del crimen. En ésta, acusó a Enrique Hernández Salcedo, líder de los grupos de autodefensa en Yurécuaro, como el encargado autor intelectual de ordenar el homicidio del edil de filiación panista.
Desde el 16 de marzo, José Manuel Mireles, voceros de las autodefensas, mediante un comunicado difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación –entre ellos, REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO–, denunció que el gobierno federal ya había perfilado una traición contra los grupos de civiles armados, del cual, el aseguramiento de Hipólito Mora, era su ápice.
“Y ya vienen por nosotros, seguimos los demás. Nos quieren amedrentar, nos quieren aniquilar. Ojalá pudiéramos retirarnos, vivir en paz, ojalá el gobierno tuviera el control del estado.. ojalá, pero no es así. A Michoacán lo gobiernan Los Templarios. Ahora nos persiguen Los Templarios y el gobierno, el Ejército, la Marina y todas las policías”, denunció.
Mireles recordó que hace una semana antes, Castillo se había reunido con todos los líderes –entre ellos Hipólito Mora– y había asegurado que las autodefensas y sus líderes eran sus “aliados” y “personas confiables”. Una semana después, uno de sus fundadores era detenido, también, bajo el cargo de ser el autor intelectual del asesinato de dos de sus miembros.
Después de una tensa calma, el 5 de marzo comenzó nuevamente la embestida.
Ante las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong y del propio Castillo, quienes advirtieron que era inminente el desarme de los grupos de autodefensa, ese día, el Ejército y la Marina mexicana detuvieron a 15 guardias comunitarios, pertenecientes a la comunidad de Cuapán del Río, municipio de La Huacana y, como expusieron en sus propias denuncias, la operación también se desató en la cabecera municipal de Nueva Italia.
Por este motivo, tanto en Yerécuaro, Apatzingán, Parácuaro, La Huacana, Los Reyes y por lo menos una decena de municipios más, las autodefensas protestaron el domingo 6 de marzo, contra el desarme, que ya se había presentado la madrugada anterior. Las acciones incluyeron semi bloqueos de caminos –pues dejaban pasar a vehículos particulares– y el reforzamiento de filtros de revisión; esto, con la intención de frenar el paso, tanto a Caballeros Templarios como a federales, dijeron.
Prescindibles, los “sabuesos” del gobierno
Por su parte, Luisa María Calderón Hinojosa, senadora por el PAN, declaró que el gobierno sólo usó a los grupos de autodefensa en Michoacán como “sabuesos”, al legitimarlos en primera instancia, para ubicar y capturar a ciertos líderes Templarios –lo que impulsaría una campaña de autopromoción para Peña Nieto–, y finalmente, descalificarlos ahora que “no son necesarios” para sus intereses.
Este diagnóstico es compartido por la página Valor por Michoacán; portal identificado con dichos grupos: “Gracias a las autodefensas, Jesús Reyna está detenido; gracias a las autodefensas, Nazario Moreno y Enrique Plancarte fueron abatidos; gracias a las autodefensas, se está buscando a La Tuta; gracias a las autodefensas, se ha dejado de cobrar cuota, han bajado extorsiones, entre otras cosas”, dieron a conocer.
Templarios, representados desde el gobierno
De acuerdo al posicionamiento de los grupos de autodefensa, han aceptado el paulatino desarme, sólo y a condición de que el gobierno federal y del Estado “limpien” de Caballeros Templarios el estado de Michoacán. En las últimas semanas, ha trascendido que el poder de infiltración de dichos grupos sobrepasa sólo la esfera civil, ya que, según investigaciones hechas por la propia PGR, revelan que su presencia es latente en el mismo gobierno estatal.
Por ejemplo: ahí está el prófugo Julio César Godoy (hermano de Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán); también Jesús Reyna García (mano derecha y ex secretario de gobierno de Fausto Vallejo), detenido; Uriel Chávez Mendoza (alcalde de Apatzingán, familiar de El Chayo), libre; Rodrigo Vallejo Mora (hijo de Fausto Vallejo, acusado de operar para dicho cártel y ser uno de los responsables del cobro de piso a empresarios de muebles); Liliana Ceja Canela (síndico municipal en Apatzingán, involucrada con El Tucán quien operaba en Antúnez).
En esa misma posición se encuentran Casimiro Quezadas y Jaquelín Bustos, el primero, presidente municipal de Mújica, Michoacán y la segunda, síndico en aquel municipio; a ambos se les relaciona con la estructura organizativa de Kike Plancarte, recientemente abatido; la relación se ha establecido, ya que Jaquelín es hermana de Nareyda Bustos, esposa del operador financiero de Los Templarios.
