El arribo de Emilio Lozoya a México la semana pasada tras su extradición representa una oportunidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las indagatorias que podrían involucrar al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el ex canciller, Luis Videgaray.
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) actuará como colaborador de la FGR en las investigaciones por corrupción que involucrarían a ex funcionarios del más alto nivel del anterior sexenio como Peña Nieto, quien fungía como jefe del Ejecutivo federal y todos los movimientos importantes de la administración tendrían que ser conocidos por él.
Si Lozoya Austin accedió a colaborar con las autoridades federales, esta situación podría derivar en fijar responsabilidades contra las personas que más estuvieron involucradas con él, siendo uno de los integrantes del círculo más cercano de Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, por lo que en un sentido de justicia las indagatorias tendrían que continuar hasta sus últimas consecuencias.
La administración de Peña Nieto es considerada como la más corrupta del actual siglo, aunado a que posiblemente superó a los regímenes tradicionales del priismo en la década de los setenta y ochenta, por lo que la manera en la que el mexiquense y todos sus colaboradores se sirvieron del erario es grosera para millones de mexicanos que claman justicia.
Son varios y muy documentados los casos de corrupción en los que estuvo involucrado el gobierno de Peña Nieto, siendo el ex gobernador del Estado de México el principal responsable al ser el Jefe del Ejecutivo de la nación, pero quien hasta el momento ha esquivado cualquier señalamiento directo por parte de las autoridades procuradoras de justicia.
Además de Lozoya, otro de los personajes señalados de corrupción en la administración anterior es Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien fue uno de los autores de la denominada “verdad histórica” en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que el cerco se cierra cada vez más en contra de los principales colaboradores de Peña Nieto.
Aunado a esta situación, Peña Nieto se caracterizó por defender a los ex gobernadores priístas que de forma vergonzosa desviaron recursos millonarios de sus entidades como Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, siendo este último uno de los eslabones más importantes de la red de corrupción masiva que permitió el caciquismo.
De continuar con esta tendencia, la FGR contará con mayores elementos para concretar expedientes contra los principales funcionarios del sexenio pasado, lo que podría derivar en el procesamiento, por primera vez en la historia contemporánea de México, de un ex presidente, lo que representaría un claro avance en el combate a la corrupción y la impunidad.
