La escena rompe el molde: ministros sentados bajo una carpa, frente a más de 2 mil personas, en plena explanada de la Casa de la Cultura de Tenejapa, en los Altos de Chiapas. Así, después de 201 años de historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra una sesión inédita fuera de sus sedes tradicionales.
El máximo tribunal del país discutirá el amparo promovido por la comunidad tsotsil La Candelaria, que solicita que se ordene al Congreso de Chiapas legislar para reconocer formalmente su autogobierno.
El fondo del debate: ¿cuarto nivel de gobierno?
El alcance de la decisión es nacional. La Corte deberá pronunciarse sobre si los gobiernos comunitarios indígenas pueden ser reconocidos como un “cuarto nivel de gobierno”, junto a los ámbitos municipal, estatal y federal.
El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, propone amparar a la comunidad, pero deja un punto claro: el reconocimiento “no implica la creación de un ‘cuarto nivel de gobierno’ ni altera el diseño federal o municipal”.
El documento sostiene que se trata de una forma de libre determinación que coexiste con las estructuras ordinarias y precisa que “no otorga privilegios”, sino que establece condiciones para “garantizar igualdad sustantiva” y avanzar en la efectividad plena de los derechos indígenas.
Una sesión fuera de lo común
La audiencia fue programada a las 12:00 horas en Tenejapa, municipio ubicado a una hora de San Cristóbal de las Casas. Para la ocasión se instaló una carpa con capacidad para 2 mil personas, cientos de sillas y un templete donde sesionarán los ministros.
De los nueve integrantes del Pleno, seis acudirán de manera presencial, mientras que los ministros Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Bentazo y María Estela Ríos González participarán de forma virtual.
Al encuentro fueron invitados representantes de la Secretaría de Gobernación, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, autoridades municipales y organismos como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Poder Judicial de Chiapas.
Un precedente que marca época
Desde su fundación en 1825, la Corte sólo había sesionado en sedes de Ciudad de México, San Luis Potosí y Querétaro. La decisión de trasladarse a una plaza pública en territorio indígena no es un detalle logístico: es un mensaje institucional.
Hoy, el debate jurídico se instala frente a las comunidades que esperan respuesta. La resolución no sólo atenderá el caso de La Candelaria, sino que sentará posición sobre el alcance constitucional del autogobierno indígena en México.
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