Tras 11 meses de operaciones, el gobierno de EEUU ha publicado más de 60 videos en redes sociales mostrando la destrucción de pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Sin embargo, detrás de las imágenes de explosiones en alta mar se esconde un saldo desolador: 221 vidas cegadas en acciones que carecen de sustento legal y debido proceso.
Así lo denuncia un extenso informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), titulado “Killing Spree: Extrajudicial Executions in the U.S. Boat Strike Campaign”.
El documento advierte sobre el peligro de que estas operaciones militares contra civiles se asimilen como una «nueva normalidad» en la política exterior estadounidense hacia la región.
Un marco legal viciado y acusaciones de homicidio
De acuerdo con la investigación de WOLA, las ejecuciones no constituyen «crímenes de guerra» por la sencilla razón de que Estados Unidos no se encuentra oficialmente en un estado de guerra. En cambio, el informe califica categóricamente estas acciones como homicidios bajo el código penal estadounidense y ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional de derechos humanos.
El sustento de estas operaciones recae en un memorando secreto del Departamento de Justicia fechado en septiembre de 2025. Mediante este documento, la administración Trump ha buscado justificar el uso de las Fuerzas Armadas contra grupos criminales catalogados arbitrariamente como «terroristas», eludiendo la autorización del Congreso de EEUU al argumentar que dichos ataques no constituyen «hostilidades» bajo las leyes de poderes de guerra.
«Los ataques a embarcaciones son homicidio según la ley nacional y ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional. Son el resultado del uso imprudente de la etiqueta ‘terrorista’ por parte del Ejecutivo para emplear al ejército contra civiles sin presentar evidencia ni debido proceso», señala el informe.
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la falta de certeza sobre la identidad de quienes viajan a bordo de las lanchas destruidas. El Departamento de Defensa clasifica de forma genérica a todos los ocupantes como «afiliados» a organizaciones terroristas.
Sin embargo, los testimonios recopilados en comunidades costeras de Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago sugieren una realidad muy distinta.
Entre los muertos hay pescadores artesanales, migrantes y víctimas de trata de personas, jóvenes en situación de extrema pobreza reclutados como transportistas por pagos modestos y personas sin vínculo alguno con el crimen organizado.
Sin impacto en el narcotráfico y con complicidad regional
A pesar del costo humano y financiero —cuyo presupuesto rivaliza con la ayuda exterior que EEUU destinaba anteriormente a la región—, la estrategia ha demostrado ser ineficaz. WOLA destaca que el flujo de cocaína hacia el mercado estadounidense no se ha visto alterado, ya que las redes delictivas han diversificado sus rutas mediante transporte terrestre y buques portacontenedores.
El informe también pone de relieve la brecha geopolítica provocada por la medida, dado que países como El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago han prestado apoyo logístico a la operación.
Asimismo, naves de países de la OTAN (como Canadá, Reino Unido, Francia y Países Bajos) han optado por restringir el intercambio de inteligencia marítima para evitar ser cómplices involuntarios de ataques letales.
WOLA concluye su informe solicitando el cese inmediato de la «Operación Southern Spear» y la derogación de las órdenes ejecutivas que la respaldan.
Asimismo, insta a los tribunales civiles de EEUU, instancias internacionales y organismos de derechos humanos a buscar vías para juzgar a los responsables intelectuales y materiales de estas operaciones, advirtiendo que tolerar estas prácticas sienta un precedente nefasto para la democracia y las relaciones civiles-militares en todo el hemisferio
