El pasado domingo 22 de febrero marcó un punto de quiebre en la seguridad nacional. Lo que inició como un golpe estratégico al narcotráfico se transformó rápidamente en una jornada de violencia que ha dejado a México sumido en una sensación generalizada de miedo y desesperanza.
La captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue el detonante. El operativo, realizado en Tapalpa, Jalisco, se logró con éxito gracias al despliegue de fuerzas federales mexicanas y el respaldo de la inteligencia de Estados Unidos.
Sin embargo, la respuesta criminal no se hizo esperar: una ola de violencia coordinada azotó a 22 estados del país. Si bien la motivación detrás de los bloqueos y cierre de vialidades era causar terror, también evidenció que la estructura del cártel permanecía con un poder de fuego intacto.
Flujo de armas y municiones de origen gubernamental estadounidense
A pesar de la relevancia política de la caída de Oseguera, la Alianza Binacional Desarmando el Miedo advierte sobre un vacío crítico en los análisis oficiales: el papel de las armas de fuego.
Durante el operativo en Tapalpa se incautaron siete armas largas y dos lanzacohetes de fabricación rusa. No obstante, la organización señala que esta cifra es insignificante frente a la realidad fronteriza.
Según estimaciones conservadoras, cada año se trafican ilegalmente 135 mil armas desde Estados Unidos a México; es decir, mientras el gobierno celebraba el decomiso de siete armas, ese mismo día cruzaron la frontera al menos 369 piezas de armamento adicional.
“El operativo logró la incautación de siete armas, pero el flujo constante de armamento militar hacia el país no ha sido tocado en su estructura”, señaló la Alianza en un comunicado oficial.
Uno de los datos más alarmantes revelados tras los hechos es el origen del parque vehicular y las municiones. Cerca del 50 por ciento de los cartuchos calibre .50 asegurados a los cárteles desde 2012 han sido rastreados hasta una planta en Kansas City, Misuri, la cual es propiedad del gobierno de los Estados Unidos.
Este vínculo pone de relieve que el 82 por ciento de las armas confiscadas en zonas de conflicto, donde predominan el CJNG y el Cártel de Sinaloa, provienen de armerías estadounidenses autorizadas, alimentando un ciclo de violencia que la estrategia de “abatir cabecillas” no ha logrado frenar.
Un llamado a la pacificación real
Ante la crisis, la Alianza Binacional hizo un llamado urgente a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump para transitar de los operativos mediáticos a una política integral de control de armas. La exigencia es clara:
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Cooperación binacional efectiva para detener el tráfico ilícito en la frontera norte.
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Garantías de seguridad para que las poblaciones afectadas en las diversas regiones puedan regresar a la cotidianidad.
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Involucramiento de la sociedad civil en la creación de propuestas basadas en derechos humanos para el desarme.
De acuerdo a la organización, la experiencia que dejó la ola de violencia abre una oportunidad única, aunque dolorosa, para reconocer que mientras las armas sigan fluyendo sin control, cualquier victoria sobre el liderazgo de los cárteles será, en el mejor de los casos, temporal.
