Luego de que su iniciativa de reforma electoral fuera desechada en la Cámara de Diputados de México, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno impulsará un “Plan B” con nuevas propuestas orientadas a disminuir gastos y privilegios en los poderes legislativos estatales y en los municipios, además de ampliar mecanismos de participación ciudadana.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la decisión del Congreso no representa un revés para su administración y aseguró que el planteamiento original buscaba reducir el gasto público destinado tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales. También señaló que uno de los objetivos era evitar duplicidades entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales.
Sheinbaum indicó que el nuevo paquete de medidas será presentado ante el Poder Legislativo el lunes 16 de marzo, y tendrá como uno de sus ejes establecer límites al presupuesto de los congresos estatales, con el propósito de reducir las diferencias de gasto entre entidades que cuentan con un número similar de legisladores.
Como ejemplo, la presidenta mencionó que actualmente existen estados con congresos de tamaño comparable, pero con presupuestos muy distintos, situación que, afirmó, evidencia desigualdades en el manejo de recursos públicos.
El plan alternativo también contempla ajustes en la estructura de los ayuntamientos, particularmente mediante la reducción del número de regidores en algunos municipios. Según explicó, varios gobiernos locales mantienen más cargos de los necesarios, por lo que el ahorro que se genere podría destinarse a obras públicas y servicios básicos.
En ese sentido, sostuvo que los recursos liberados podrían invertirse en infraestructura local como sistemas de drenaje, abastecimiento de agua potable o trabajos de mantenimiento urbano.
Otra de las líneas del proyecto será fortalecer los mecanismos de participación directa de la ciudadanía. La presidenta planteó la posibilidad de que ciertos temas electorales —como el financiamiento público a los partidos políticos— puedan someterse a consultas populares, algo que actualmente enfrenta limitaciones legales.
Asimismo, la propuesta buscaría flexibilizar el mecanismo de revocación de mandato, de modo que pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año del gobierno en turno.
La reforma electoral presentada originalmente por el Ejecutivo fue rechazada en el pleno de San Lázaro al no reunir la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. En la votación participaron legisladores de diversas bancadas, incluidos integrantes de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, mientras que diputados de oposición también se pronunciaron en contra del dictamen.
