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Trata de mujeres, delincuencia, explotación y violación a D.H. en centros de “rehabilitación” del país

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(09 de diciembre, 2015) El titular de la Comisión Nacional contra las Adiccioines (Conadic), Manuel Mondragón y Kalb, dio a conocer el día de hoy un panorama preocupante respecto a las llamadas “granjas”, establecidas  como “casas de recuperación” para adictos a ciertas sustancias.

Dijo que durante las inspecciones (que comenzaron en octubre) se encontraron casos de  trata de mujeres, de explotación de menores de edad, de organización delincuencial y hasta de un homicidio dentro de estos centros de “rehabilitación”.

28 de ellas, en once estados,  fueron clausuradas. Las condiciones, deplorables. Las personas, que están en su mayoría dentro contra su voluntad, son fuertemente violentadas.

“En algún Estado encontramos seis mujeres encerradas en un cuarto, tres de ellas menores de edad, una de las menores embarazada y sin cuidados prenatales. Encerradas la mayor parte del tiempo y cuando las vimos no habían comido en más de 24 horas”. En otro caso,  los internos “eran puestos a delinquir durante el día por el jefe de la granja que en la noche recibía los dividendos correspondientes.”

A pesar de que, en un principio, Mondragón se rehusaba a decir cuáles estados de trataba, luego reveló que eran Jalisco, Estado de México, Durango, Yucatán, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí y Guanajuato.

“La incidencia de sustancias ha ido en aumento, todas: alcohol, tabaco, mariguana, cocaína y drogas de diseño, así como las volátiles que se inhalan. Afortunadamente el consumo de heroína en México no es importante todavía, esperemos que ahí se quede”, dijo el secretario quien reconoció que el país no tiene la capacidad necesaria para afrontar la atención de los adictos, sostuvo que está en contra de la aprobación del uso de la mariguana para uso lúdico pues eso sólo potencializaría el problema.

No todos los centros de atención a adicciones tienen estas condiciones. Sin embargo, la falta de inspección gubernamental y la ignorancia de las familias que ingresan a sus adictos sin saber las condiciones ni sus prácticas, impide que estos lugares de enérgica violación a los derechos humanos, persistan.

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