La justicia federal ordenó “investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, “al mismo tiempo que será creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias”.
“Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia”, dice la sentencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, informó Reforma.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del tribunal, “pero es allí donde se supone que fueron destruidos”.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que “la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia”.
El Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, que aquella noche estuvo a cargo de un funcionario municipal y un militar, tenía acceso a las imágenes de esas cámaras.
“Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido.
“Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial”, señala el tribunal.
