Washington, D.C. El gobierno de Estados Unidos ha abierto formalmente una investigación contra la Universidad de Duke y su revista jurídica por presuntas “prácticas discriminatorias”. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación inició esta pesquisa tras denuncias que aseguran que el proceso de selección de la revista jurídica de Duke otorgaba “puntos adicionales a postulantes que hicieran referencia a su raza o etnia en sus declaraciones personales”.
La ofensiva de Trump contra la educación superior
Duke, una de las universidades más prestigiosas del país, se convierte así en la más reciente institución educativa en ser blanco del gobierno de Donald Trump, que ha lanzado una frontal “batalla ideológica contra las universidades”. El presidente ha insistido, sin presentar pruebas, que los centros de educación superior están controlados por la “extrema izquierda” y ha tomado medidas drásticas contra los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Estos programas buscan justamente abordar las desigualdades sociales en el acceso a la educación y la composición del profesorado, un objetivo que la administración Trump parece considerar una “discriminación” inversa.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., enviaron una carta conjunta a la dirección de Duke expresando su preocupación por el supuesto uso de “criterios raciales en contrataciones, admisiones y otorgamiento de becas”, especialmente en el sistema de salud de la universidad. McMahon afirmó que “Otorgar un trato preferencial ilegal basado en características inmutables es una afrenta no solo a las leyes de derechos civiles, sino también al carácter meritocrático de la excelencia académica”.
Un patrón de amenazas y millonarias multas
La investigación a Duke se inscribe en un patrón de amenazas y acciones legales por parte de la administración Trump contra universidades y escuelas. El gobierno ha utilizado la amenaza de recortar fondos federales para presionar a las instituciones por diversas razones, que van desde iniciativas climáticas y políticas sobre personas transgénero, hasta protestas pro-palestinas y, muy notablemente, los programas DEI.
Este anuncio llega días después de que la Universidad de Columbia en Nueva York acordara pagar una multa de 200 millones de dólares para cerrar acusaciones de supuesto antisemitismo vertidas por la administración Trump. Además, se ha reportado que la Universidad de Harvard ha manifestado su disposición a gastar hasta 500 millones de dólares para resolver su propia disputa con el gobierno, aunque se resiste a que un supervisor externo supervise el acuerdo. La Universidad de Brown, por su parte, tuvo que asegurar un préstamo de 500 millones de dólares ante el bloqueo de subvenciones federales.
El gobierno de Trump había anunciado en abril que investigaría a Harvard y a la Harvard Law Review por supuestamente violar las leyes de derechos civiles al acelerar la consideración de un artículo escrito por un miembro de una minoría racial. Harvard está actualmente impugnando legalmente al gobierno para que se le restablezcan sus fondos federales congelados.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza en programas educativos que reciben fondos federales. Sin embargo, la administración Trump ha interpretado esta ley de una manera que choca con la visión de los defensores de derechos, quienes argumentan que los programas DEI son esenciales para corregir desigualdades históricas. La investigación a Duke es un nuevo capítulo en esta “batalla ideológica” que está redefiniendo el panorama de la educación superior en Estados Unidos.
