El 15 de diciembre de 2010, los pobladores de Rio Rico, Arizona, amanecieron con una gran movilización policial, mucho mayor a la acostumbrada en esa zona limítrofe con México. Durante la noche había caído cerca de ahí Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, en un enfrentamiento contra un pequeño grupo armado con rifles AK-47. El caso hubiera sido uno más de la intensa batalla cotidiana entre policías y delincuentes de toda índole, en un país en el que hay más armas de fuego que ciudadanos. Sin embargo, no fue así.
Lo que hizo relevante el caso fue que el arma homicida formaba parte de un operativo secreto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ), el ya famoso “Rápido y furioso”. Como es sabido, esta operación encubierta consistió en introducir a México armas “marcadas”, mediante vendedores “autorizados”, hacia traficantes encubiertos, para rastrearlas y seguir su ruta hasta las organizaciones del narcotráfico. Si bien “Rápido y furioso” es el más conocido, no fue el único operativo de este tipo. Desde 2004, la estrategia de “dejar caminar las armas” por parte de la ATF y otras agencias de EUA se desplegó en una docena de operaciones no sólo desde Arizona, sino también desde Florida, Texas y otros estados de la Unión. Las agencias involucradas aceptaron haber perdido la mayoría de las armas, en algunos casos, apenas saliendo de las armerías autorizadas.
A partir de las investigaciones de este caso se generaron varios informes, tanto del Congreso como de la oficina del Fiscal General de EUA y fiscalías locales, que permiten reconstruir, en parte, el entramado de estas operaciones, mediante las cuales, durante al menos 7 años (2004-2011), los gobiernos de ambos lados proporcionaron sistemáticamente a las organizaciones criminales un poder de fuego nunca antes visto.
Este caso, agravado un par de meses después por la muerte en San Luis Potosí de un agente de la Agencia de Inmigración y Aduanas, vinculado a esta operación, abrió una caja de Pandora que mostraría la profunda corrupción de los sistemas de justicia e inteligencia norteamericanos y de sus incontables agencias, descoordinadas y con frecuencia antagónicas entre sí. Desde el principio, la oficina del Fiscal General trató de ocultar este vínculo, pero una filtración desde la propia ATF alertó a la familia del agente Terry y de ahí saltó a la opinión pública y al Senado. El senador republicano por Iowa, Charles Grassley, inició las investigaciones que darían luz sobre estas operaciones ilícitas.
Al final de todo el proceso, concluido en 2019, sólo fueron sancionados funcionarios intermedios, a pesar de que la evidencia mostraba una clarísima responsabilidad al más alto nivel de la administración de Obama. Ninguna acusación penal fue fincada por la muerte de policías con armas entregadas a los criminales por sus propios jefes, ni por la evidencia de la gran cantidad de víctimas causadas no sólo en México sino también su país, ni por los pobres resultados durante años y lo absurdo de que las siguieran haciendo. Hasta 2014, y en parte derivado de este caso, renunció el Fiscal General, Eric Holder, quien siempre había negado tener conocimiento del asunto y a quien Obama protegió en todo momento.
Por supuesto, a nadie le importaron las miles de muertes causadas en México; ni a Fox, Calderón o Peña, todos sin dignidad para hacer un reclamo siquiera. El gobierno de Calderón negó rotundamente tener conocimiento alguno de las operaciones, se deslindó de toda responsabilidad y prometió investigar; el de Peña simplemente archivó el asunto. Es hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando el Gobierno de México inicia investigaciones penales para fincar responsabilidades a exfuncionarios mexicanos y solicita formalmente al de Estados Unidos que le proporcione la información correspondiente, cuando comenzamos a conocer detalles de dicha operación. El 31 de mayo 2020, Fabián Medina, entonces Jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, publicó en el semanario Proceso un extenso reportaje de algunos hallazgos en la información recibida, del que obtengo la mayor parte de la información para esta nota.
En torno a esta operación y el contexto en el que se llevó a cabo se han desprendido dos grandes líneas de acción por parte del gobierno de la 4T: por un lado, llamar a cuentas a quienes estuvieron inmiscuidos en estas operaciones de tráfico ilegal de armas en México. Por otro, presionar al gobierno de EUA para que actúe en serio para frenarlo, de lo que hablaremos en otra entrega.
De la primera línea, a principios de este año la FGR obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión contra siete personas vinculadas con este tráfico ilícito y se mantienen las investigaciones. Tres de ellas ya habían sido detenidas: Genaro García Luna y el Chapo Guzman en Estados Unidos, y Luis Cárdenas Palomino en nuestro país. Se sabe que otras autoridades del más alto nivel también fueron partícipes de este “trasiego controlado” de armas pero, más allá de funcionarios menores, el principal responsable es Felipe Calderón, quien, sin duda alguna, debió autorizar estas operaciones.
El informe del Congreso de EUA consigna que en marzo de 2007, durante la reunión que Calderón sostuvo con George W. Bush en Mérida, Yucatán, se le informó sobre la operación “Receptor Abierto”, Wide Receiver, de la que había estado al tanto, también, el procurador de Vicente Fox, Daniel Cabeza de Vaca. Asimismo, se asienta que el entonces Fiscal General de EUA, Michael Mukasey, informó a su homólogo Eduardo Medina Mora sobre la operación “Hernández”, otro de los operativos fallidos. Fue Medina Mora el responsable de operar en México el sistema e-trace, proporcionado en 2008, para el rastreo e identificación de las armas. En realidad, el “rastreo” consistió en encontrarlas luego de enfrentamientos o en escenas del crimen.
Por si fuera poco, se registra la reunión de Felipe Calderón con Janet Napolitano, la Secretaria de Seguridad Nacional, en abril de 2009, para conformar el equipo conjunto Gunrunner Impact Team, un grupo de evaluación del programa “Corredor de armas”, nombre que parece englobar la estrategia desde que comenzó y que actualizó el propio Calderón con la Iniciativa Mérida (IM). Sin duda, parte de los oficios políticos desplegados, fue arreglar la visita que realizó al mes siguiente la doctora Denise Dresser al Senado de EUA, donde había serios cuestionamientos sobre el destino de los dineros y sus beneficios reales. La Dra. Dresser acudió a rendir su testimonio de la situación en México y a abogar por su “heroe de acción. “Necesitamos más recursos, no menos”, dijo. Como sabemos, las drogas inundaron el país y la violencia escaló exponencialmente. Gracias, Denise.
Por lo sucedido después, es claro que en esa reunión también se le dio visto bueno a continuar con el negocio bajo el nombre de Rápido y Furioso, que comenzó a operar ese mismo año. Es decir, desde el inicio de su espuriato hasta el final, Calderón armó deliberadamente a los mayores cárteles del narcotráfico del país. Pero no sólo eso, también contribuyó a crear corredores y redes especializadas en el trasiego, así como estrategias novedosas para alimentar este enorme mercado que hasta nuestros días sigue siendo un factor clave en la generación de violencia. Basta considerar una sola operación, Granade Walker, con un solo traficante, que involucró más de dos mil granadas y munición de todo calibre. Ya encarrerado y con protección al más alto nivel, el mismo “colaborador” operaba una planta en la que se convertían fusiles semiautomáticos en automáticos y se fabricaban granadas, todo a la orden de los narcos mexicanos. Al ser detenido en México, los fiscales de EUA se negaron a fincarle cargos penales. Su caso nos da una aproximación a las dimensiones del daño que ha causado y sigue causando la “colaboración” con Estados Unidos que mantuvieron cuando menos tres gobiernos sucesivos.
Lo que el Presidente espurio nos dejó fueron crímenes como la masacre de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, de la que el mismo Calderón culpó, rápido y furioso, a las víctimas. Hoy en día siguen apareciendo armas “marcadas” de esos operativos en casos criminales en México; llevan la marca Felipe Calderón Hinojosa. Fue necesario que llegara un gobierno democrático, del pueblo y para el pueblo, para que empezara a caminar la justicia. Esperemos que no tarde demasiado.
Referencias.
Fabián Medina, “Rápido y Furioso: Con la complicidad del gobierno de Calderón”, Semanario Proceso, Ed. 2274. 31 de mayo, 2020. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/6/1/rapido-furioso-con-la-complicidad-del-gobierno-de-calderon-243794.html.
- Rodrigo Carmona. “¿Recuerdas el operativo Rápido y Furioso? Del anuncio de la AFT a las órdenes de captura.”, El Sol de México, 10 de enero, 2022. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/recuerdas-el-operativo-rapido-y-furioso-del-anuncio-de-la-aft-a-las-ordenes-de-captura-7713451.html
- Richard A. Serrano. “Fast and Furious: Ni tan rápido ni furioso”. Chicago Tribune. 14 de agosto, 2011. https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8023679-fast-and-furious-ni-tan-rapido-ni-furioso-story.html.
Patrik Jonsson. “How Mexican killers got US guns from ‘Fast and Furious’ operation”. The Christian Science Monitor. 26 de julio, 2011.
https://www.csmonitor.com/USA/2011/0726/How-Mexican-killers-got-US-guns-from-Fast-and-Furious-operation.
- Alex Newman, “ATF Linked to Border Agent’s Murder”. The New American, 23 de febrero, 2011. https://thenewamerican.com/atf-linked-to-border-agent-s-murder/.
Dallas News, “Capturan a presunto homicida de agente fronterizo Brian Terry del caso ‘rápido y furioso’”, 14 de abril, 2017. https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2017/04/14/capturan-a-presunto-homicida-de-agente-fronterizo-brian-terry-del-caso-rapido-y-furioso/.
Dennis Wagner, “Border violence, and the families in its wake”, Usa Today Network. https://www.usatoday.com/border-wall/story/brian-terry-us-border-patrol-agent/560448001/.
David Ingram, “Fast and Furious report clears Eric Holder”, The Christian Science Monitor, 19 de septiembre, 2012. https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0919/Fast-and-Furious-report-clears-Eric-Holder.
Richard A. Serrano. “Emails show top Justice Department officials knew of ATF gun program”, Los Angeles Times, 19 de marzo, 2014. https://www.latimes.com/nation/la-na-atf-guns-20111004-story.html
