(26 de agosto, 2015).- Padres de familia, docentes y representantes de los estudiantes agredidos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), a quienes intentó el gobierno del estado vincularlos con los bombazos a las instalaciones del INE, la Delegación de Economía y el metrobús, anunciaron la creación del Comité Universitario “Somos Más de Siete” y la posibilidad de pedir asilo político a la embajada de Canadá para su protección.
Las familias de los estudiantes de la BUAP detenidos el 5 de julio también son hostigadas, reciben llamadas de números no identificados y mensajes a sus teléfonos con información personal. Ellos son Carlos Arafat Rosas Burgess Villegas, Erick López Cruz, Juan Carlos Tepole Ixtacua, Ana Rosa Zilli Colorado, Dulce Carolina Parra Escalona y Axel Jiménez Morillón.
En rueda de prensa, los tutores denunciaron que los jóvenes presentan problemas psicológicos, por lo que uno de ellos ya no se inscribió y el resto no ha iniciado clases normales en la casa de estudio ante el temor de ser aprehendidos. Uno de los estudiantes tuvo que dejar sus clases este semestre debido al temor a ser detenido.
En entrevista, los tutores acusaron que el gobierno del estado tiene intervenidos sus teléfonos particulares y que les envían imágenes de sus domicilios de números telefónicos privados o restringidos.
“No vivimos tranquilos, andan merodeando; nos han quitado el sueño”, expusieron.
Ante esta persecución, no descartaron cambiar a sus hijos de escuela y buscar asilo político en la embajada de Canadá, para protección de los estudiantes.
Sin embargo, explicaron que tendrían que indagar sobre su situación legal, pues continua abierta la averiguación previa.
Los padres de familia aclararon al gobierno que sus muchachos no son delincuentes ni vagos: son jóvenes con un alto rendimiento académico que han viajado al extranjero como parte de su preparación educativa.
Por lo que en los próximos días –adelantaron– harán pública, las fichas bibliográficas de cada uno de los estudiantes, para desmentir a las autoridades.
El académico Miguel Ángel Rosas Burgess, docente de la UAP y padre de uno de los muchachos perseguidos, informó el Comité que tiene la pretensión de hacer latente la problemática de persecución atípica que viven los universitarios en el estado.
“En Puebla hay muchos presos políticos, en el caso de los muchachos están siendo perseguidos, como si estuvieran en la cárcel. No pueden asistir a clases por el temor de ser aprehendidos”, denunció.
Rosas Burgess argumentó que es posible que estén metiendo y sacando evidencia en la averiguación previa, pues le han dado largas a los abogados para la entrega del documento.
Informó que tramitaran un amparo para que la justicia federal obligue al juez Tercero de lo Penal del Distrito en Puebla a otorgar una copia fotostática que les han negado, sin fundamento.
“Eso es una crueldad, un maquiavelismo con lo que están manejando las leyes estas personas. Vamos a interponer una querella contra el juez por utilizar la ley de manera perniciosa y sin sustento”, cuestionó Burgess.
