Por considerar que el cese del Fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, fue hecho de manera ilegal, el diputado Juan Romero Tenorio solicitó al Titular del Poder Ejecutivo, a través de un Punto de Acuerdo, que revoque la decisión adoptada por el Subprocurador Alberto Elías Beltrán, suplente en funciones de Procurador General de República (PGR).
Señaló que tras la renuncia de Raúl Cervantes Andrade, como Titular de la PGR, el pasado 16 de octubre, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, asumió las funciones de suplente y, en consecuencia, la responsabilidad para el despacho y gestión institucional en dicha institución.
En ese contexto, agregó, es como el 20 de octubre se da el cese fulminante de Nieto Castillo, alegándose supuestas violaciones al debido proceso en investigaciones que se desahogan ante la FEPADE, en particular el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral en 2012 de Enrique Peña Nieto.
“Sanción que se impone sin acreditar que ésta corresponde a denuncia o queja alguna en contra del servidor público cesado en sus funciones”, subrayó el legislador federal de Morena.
En su Punto de Acuerdo, Romero Tenorio hace un llamado a Enrique Peña a que ponga orden en la Procuraduría General de la República, debido a que el Ejecutivo Federal es el único facultado para tramitar la remoción inmediata del Fiscal Especial, conforme al contenido de los Artículos 102 Constitucional; Décimo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia político electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la PGR.
Según el documento, el Subprocurador encargado del despacho no tiene atribuciones para que, de motu propio, suspenda o cese en funciones al Fiscal Especial, quien fue designado por el Senado de la República.
“Por ello, se exhorta al Presidente de la República a que revoque el acto administrativo que determina el cese del Fiscal, toda vez que es un acto nulo de origen, al ser dictado por una autoridad que no es competente. Aunado a ello, es un acto administrativo que se encuentra viciado por no estar motivado y fundado, existiendo un exceso en las atribuciones del Subprocurador encargado de la PGR”.
Asimismo, no es necesaria la intervención del Senado de la República, como lo determinan los Artículos 102-A y el Artículo Décimo Transitorio del Decreto de reforma político electoral.
“Es exigible que el Presidente de la República imponga orden dentro de la Procuraduría para evitar la presunción de conflicto de intereses, al dar paso a la especulación de sus vínculos con el exdirector general de PEMEX y el financiamiento ilegal de su campaña en 2012”, recalca el documento.
El diputado Juan Romero asevera que Peña Nieto puede parar la especulación política, si asume su responsabilidad y revoca la determinación ilegal e inconstitucional del encargado de la PGR en la suspensión o cese de funciones del Fiscal Especial, con base en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
“Artículo 18. Los subprocuradores, Oficial Mayor y Visitador General serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador General de la República”.
Por lo tanto, añadió, esta atribución citada no es delegable al encargado de la PGR. “Es urgente poner orden en casa para no calentar el inicio del proceso electoral 2017-2018, el cual se anuncia como un proceso con demasiados vicios de corrupción, compra y coacción del voto”, señaló el también Presidente de la Comisión Especial para el Combate al Uso de Recursos Ilícitos en Procesos Electorales de la Cámara de Diputados.
