Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la participación del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública cuenta con sustento constitucional y negó que ello represente un proceso de militarización.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre posibles abusos o actos indebidos por parte de fuerzas federales y afirmó que cualquier conducta ilegal debe investigarse y sancionarse. Señaló que, en caso de que un elemento incurra en responsabilidades penales, se sigue el proceso correspondiente y se apoya a las víctimas, subrayando que no existe instrucción del Estado para cometer violaciones a derechos humanos.
Al referirse al despliegue de Fuerzas Armadas en seguridad pública, Sheinbaum marcó distancia con la estrategia implementada en el sexenio de Felipe Calderón, al señalar que en aquel periodo no existían las bases jurídicas que hoy respaldan la actuación militar. En contraste, aseguró que actualmente hay un marco legal definido que regula la participación del Ejército y la Marina.
La presidenta destacó que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional busca garantizar estabilidad institucional y consolidación a largo plazo. Explicó que la comandancia de la Guardia es distinta a la del Ejército y que sus integrantes reciben formación específica en seguridad pública, aunque cuentan con respaldo logístico, servicios médicos y un sistema de carrera que, dijo, no existía en esquemas anteriores.
Añadió que esta estructura permite profesionalización, ascensos mediante evaluaciones formales y una doctrina orientada a la soberanía y valores nacionales. En ese sentido, afirmó que el modelo actual es diferente al de periodos previos a la llamada Cuarta Transformación, cuando —aseguró— las instituciones de seguridad enfrentaban problemas de corrupción y falta de condiciones operativas.
Sheinbaum también defendió que proyectos estratégicos operados por empresas adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional brindan mayor estabilidad y reducen la posibilidad de privatizaciones futuras. Finalmente, sostuvo que el Ejército mexicano tiene un origen histórico vinculado a procesos sociales y que, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, las decisiones en materia de seguridad corresponden al poder civil electo por la ciudadanía.
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