Hasta el momento, las investigaciones realizadas por la procuraduría capitalina por los desvíos de 39 millones de pesos en los recursos para la reconstrucción tras el sismo de septiembre de 2017, se han señalado a tres ex funcionarios.
Se trata de los ex secretarios de finanzas de la administración pasada Édgar Amador y Julieta González, además del ex director para la reconstrucción Ricardo Becerra.
Según información de El Universal que tuvo acceso al desglose que realizó la Fiscalía de Servidores Públicos, dicho fideicomiso se abrió en una cuenta de banco Afirme, en la que se depositaron los recursos públicos, los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) local y federal, además de las donaciones.
La querella presentada por Jorge Gabriel Morfin Salcedo, director General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Contraloría de la Ciudad de México, el pasado 27 de agosto, señala que el modos operandi para desviar los recursos consistió en la aprobación de proyectos para la reconstrucción del edificio Aluminio 166, en la colonia Popular Rastro, Venustiano Carranza.
El extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez,
Édgar Tungüí, como comisionado para la Reconstrucción, y Édgar Amador Zamora, exsecretario de Finanzas, fueron los responsables de constituir expedientes, aprobar proyectos estructurales y derogar recursos.
Y de acuerdo con la procuraduría, Julieta González, sucesora de Amador Zamora en Finanzas, así como Ricardo Becerra, en la Comisión para la Reconstrucción, antecesor de Tungüí, supieron de los hechos, según la procuraduría.
Se confirmó que había un sobrecosto de obra de más de 80%, pues el presupuesto total para Aluminio 166 estaba contemplado en 6 millones 140 mil 769 pesos, y lo que presentó la empresa Diseño Arquitectónico y Construcción, S.A. de C.V., contratada por Disarco, S.A. De C.V., fue de 46 millones 319 mil 259 pesos.
La Seduvi hizo del conocimiento sobre estas irregularidades a la empresa Diseño Arquitectónico y Construcción, lo que llamó la atención de la Contraloría General y comenzó una revisión de los recursos ejecutados en inmuebles de la reconstrucción que dejó la administración pasada.
El pasado 25 de julio, el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, informó que nueve empresas contratadas para rehabilitar inmuebles dañados por el sismo no tenían cómo comprobar cerca de 124. 2 millones de pesos, entre los que destaca el edificio de Aluminio 166.
