Las últimas 48 horas han sido ricas en lecciones de todo tipo. Todas ellas provienen de la polémica surgida apropósito de la supuesta fatwa que condenaba a muerte a la joven tunecina de nombre Amina. El grupo “Feminista” Femen hizo correr la información de que un clérigo musulmán había emitido una fatwa contra Amina, condenándola a una pena de latigazos y lapidación. La noticia corrió como reguero de pólvora y se hizo viral como la gripe.
Hoy 22 de marzo muchas inflamadas defensoras de los derechos de las mujeres van a marchar hacia las embajadas de Túnez en el mundo, hacia la ONU, hacia donde sea para exigir que no se aplique la pena de muerte a Amina por la foto en la cual mostraba su pecho desnudo.
En Túnez no existe la pena de muerte ya que fue abolida en el año 2011, siendo el primer país de áfrica en hacerlo. También esta nación es de las pocas que consagra la equidad del hombre y la mujer a nivel constitucional. No olvidemos la multitudinaria marcha de las mujeres tunecinas exigiendo este cambio en su Carta Fundamental el año pasado. Tampoco Túnez está entre los países que aplican la Lapidación, pero esto puede deducirse aplicando un poco de lógica: La lapidación es un castigo que busca la muerte de la persona. Si en Túnez no hay pena de muerte y esto quiere decir que nadie es asesinado por decisión judicial, entonces ¿Cómo podría existir lapidación legal si esta busca precisamente la muerte del acusado (a)?
Otra conclusión fácil de obtener de un simple ejercicio de razonamiento y la ayuda de wikipedia, tiene que ver con la condena misma. Túnez tiene tribunales civiles, o sea, no son los representantes de las religiones, sino el poder público, quien juzga a los ciudadanos. ¿Cuándo fue detenida Amina? ¿Ante que tribunal se le formularon cargos? ¿Que juez la condenó? Nadie se detuvo a pensar en ello, ni a hacer el mínimo esfuerzo por averiguar más allá. Los prejuicios fueron más fuertes.
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