Mayra Enríquez Vanderkam / Zona Franca
(3 de noviembre, 2013).- Estamos donde empezamos. Ninguna de las autoridades acierta a contestar qué es lo que está fallando en la prevención, atención y sanción a la violencia de género. Las resoluciones en el Caso Lucero muestran claramente como se encuentra desvinculada la actuación de los entes públicos de la realidad, las demandas y las expectativas sociales. En el Poder Judicial, señalan omisiones de la Procuraduría. La Procuraduría se defiende y argumenta que ha hecho lo que la ley le permite. El Poder Legislativo no ha presentado propuesta alguna que implique revisión a la legislación en esta materia. Mientras, l@s guanajuatenses miramos asombrados como se defiende con más ahínco a los funcionarios públicos que a las víctimas de los delitos.
Como ciudadan@s, tenemos el derecho a conocer en que poder (ejecutivo, legislativo, judicial) recae la responsabilidad de este mensaje de impunidad en la violencia de género.Tenemos además el derecho a exigir y proponer que la situación se corrija. En ese sentido, es indispensable realizar algunas acciones mínimas, que bien pueden encuadrar en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
Primero. El Poder Legislativo debe convocar a los otros dos poderes a analizar el sistema de sanción de la violencia de género, y realizar las modificaciones legislativas que correspondan. Con el apoyo de los expertos, detectar las deficiencias no debería llevar mucho tiempo, y la implementación de las acciones (equipamiento, capacitación, infraestructura) debería estar considerada en el siguiente presupuesto.
Segundo. El Poder Ejecutivo está obligado a capacitar y capacitarse en la toma de decisiones con perspectiva de género, en todos los ámbitos de su actuación. La violencia contra las mujeres debe atenderse desde las causas estructurales. Las Secretarías (Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Seguridad Pública, etc) tendrían que dar a conocer, en el proyecto de presupuesto 2014, las acciones y compromisos para la igualdad de género, elemental para eliminar las asimetrías que generan la violencia.
Tercero. El Poder Judicial está obligado a juzgar con perspectiva de género y tener en cuenta los Tratados Internacionales suscritos por México. Si la legislación les impide la impartición de justicia, deben hacer ejercicio de su atribución de iniciar leyes, y no conformarse con la aplicación de normas jurídicas que ellos mismos consideran injustas o insuficientes.
Cuarto. Los entes públicos (federales, estatales y municipales) están obligados a la coordinación. Las administraciones municipales deben contar con la infraestructura, personal y recursos para atender la violencia de género, pero además requieren que el resto de las instituciones hagan la parte que les corresponde, atendiendo las denuncias, protegiendo a las víctimas y sancionando a los responsables. No pueden continuar los municipios recibiendo las denuncias de las mujeres víctimas de violencia, pero sin posibilidad real de alcanzar la protección para ellas o los menores.
Quinto. Los servidores públicos obligatoriamente deberán capacitarse en la atención y toma de decisiones con perspectiva de género. Cada uno de los empleados y funcionarios públicos debe reconocer en la mujer a una ciudadana, a la cual debe procurársele el acceso y ejercicio de sus derechos, sobre todo el más elemental: el derecho a la integridad física y psicológica. Para ello, es necesario que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se modifique, estableciendo, en forma específica, la obligación de capacitarse en la materia, procurar el acceso equitativo a los derechos y la justicia, y sancionar las omisiones en cuanto a la atención, protección, seguimiento y aplicación de las obligaciones que deriven de leyes y tratados (como la de Acceso a una vida libre de Violencia). Que no queden sin sanción las omisiones y negligencias en esta materia.
Además, no podemos permitirnos que las instituciones nos quiebren la confianza y nos lleven a la ingobernabilidad, o la justicia por propia mano.
Son las instituciones y sus representantes los que deben cambiar, para atender la realidad social. Indiscutiblemente, los servidores públicos deben actuar en consecuencia a sus responsabilidades o ser sancionados por sus incumplimientos o complicidades.
Que no nos derrote el desencanto y la desconfianza. Derrotemos nosotros, las y los ciudadanos, a los sistemas y procesos omisos, injustos e ineficientes.
