Relatores sobre libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mencionaron que la violencia en México ha empeorado en los dos últimos años y es comparable a la que sufrió Colombia en los años 90, en medio de su conflicto interno armado.
Esta situación, agregaron, aterroriza los periodistas, el trabajo de la prensa y organismos independientes.
En este contexto, David Kaye, de la ONU, consideró que la violencia que se ejerce contra los periodistas en México sólo es peor en lugares como Siria.
“México es un Estado democrático, miembro de la OCDE, en muchos sentidos es un país desarrollado, si se le quiere comparar con otros países, un lugar donde la violencia es peor sería Siria” – comentó en entrevista.
“La comunidad internacional que ve a México como un país democrático también cada vez más percibe que es violento”.
Los relatores iniciaron su visita oficial conjunta a México el 27 de noviembre. Acudieron a Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Guerrero, y en la Ciudad de México se reunieron con periodistas y organizaciones civiles de 21 Estados de la República.
Durante sus visitas se enteraron de hechos que no han sido denunciados por desconfianza a las autoridades locales y federales.
“La situación es peor de la que se ha documentado”, afirmó Lanza, “algunos de ellos (los periodistas) están aterrorizados por lo que vivieron, por ver la muerte y desaparición de sus compañeros, por las prácticas que tienen los cárteles para tratar de infiltrar a la prensa, cooptarla, tratar de utilizarla para sus fines, y eso ha generado una autocensura enorme”.
A pesar de que las investigaciones más riesgosas son las relacionadas a la corrupción, el crimen organizado y el tráfico de drogas, los relatores se dieron cuenta de que el peligro está cada vez más en coberturas comunes. A esto se suma la infiltración del crimen en gobiernos estatales, lo cual hace difícil distinguir quién es el autor intelectual de los ataques.
Los relatores consideraron que las instituciones creadas por el Estado mexicano para combatir la violencia a periodistas, como el Mecanismo de Protección y la Feadle, necesitan más recursos, más ambición y más mandatos, así como el respaldo de altas autoridades.
“La Feadle y los más altos niveles de Gobierno deben pensar en términos de grandes sentencias que sean ejemplares, no sólo enfocarse en quién mató a una persona, ese sujeto debe ser llevado a la justicia, pero también quien dio las órdenes” – aseveró David Kaye.
“El Gobierno sentó la base para lidiar con las amenazas a periodistas y defensores, y necesitan mejorarlo de una manera muy ambiciosa, pero tienen la infraestructura para hacerlo, sólo deben tener la voluntad política”.
En vísperas de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los relatores recordaron que los de acuerdo con estándares internacionales, la presencia de militares en labores de seguridad pública no es recomendable.
En este sentido, Edison Lanza advirtió que la ley contiene imposiciones que afectan la libertad de expresión, así como normas ambiguas y vagas para disolver manifestaciones.
“Otras que tienen que ver con el acceso a la información pública, que está muy bien regulado en la ley federal y no vemos necesario que sea regulado en una ley de seguridad interior, quitándole facultades al INAI, al instituto autónomo, y dándoselas a las fuerzas de seguridad para mantener clasificada la información bajo reserva” – comentó.
Por otro lado, mencionaron que la investigación del espionaje gubernamental mediante el programa Pegasus debe hacerse de manera independiente, ya sea con organizaciones civiles y académicas de México o mediante actores internacionales.
Explico que, aunque no se trata de una forma de violencia directa contra los periodistas, el espionaje digital es una herramienta que los Gobiernos usan para acrecentar el sentimiento de inseguridad de los periodistas.
“Hay problemas con esta investigación, para empezar la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) era un comprador de Pegasus, entonces no es un actor exactamente independiente” – comentó.
“Estamos de acuerdo en que debe haber mínimamente una investigación independiente, mi sensación es que tiene que haber una investigación independiente, ya sea nivel nacional, por México mismo que involucre a la sociedad civil, académicos y otros, o es internacional, debería haber algo independiente”.
Tras platicar con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), David Kaye adelantó que pasarán meses antes de que se den resultados en la investigación.
Durante la visita oficial de los relatores, el financiamiento de los medios de comunicación a través de la publicidad oficial fue también un tema de gran debate.
“(Es) una historia de relación entre los medios y el poder político marcado por una vieja cultura de ‘no pago para que me pegues’ y cómo esto no se ha desarticulado en todos estos años de transición hacia un sistema de pluripartidismo” – amentó Edison Lanza.
“Esto afecta al periodismo independiente, notoriamente, por la cantidad de recursos y la forma en que se distribuyen, con discrecionalidad, dando más a los medios afines y menos a los críticos”.
Ante esta situación, los relatores propusieron la creación de un consejo de expertos para atender casos de agresiones a periodistas.
“Estamos proponiendo en las recomendaciones la creación de un consejo de expertos para seguir un grupo de casos emblemáticos de agresiones, asesinatos y desaparición de periodistas” – expresó Lanza.
“Creemos que mientras la Feadle, los órganos de persecución no logren identificar y sancionar a los actores intelectuales, va a seguir siendo un costo marginal del negocio asesinar a periodistas”.
Los objetivos de este consejo, dijo, son indagar más las líneas de investigación enfocadas a la labor periodística de las víctimas, capacitar a los integrantes de la Feadle en técnicas de investigación “y tercero, generar una instancia de rendición de cuentas internacional, incluso mencionamos que las dos relatorías estamos dispuestos a, no formar parte en terreno, pero sí darle seguimiento y formar parte de la rendición de cuentas”.
