(14 de octubre, 2013).- “Los contratos petroleros son un mal negocio para México”, advirtió Víctor Rodríguez, especialista en economía petrolera y miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, en la mesa “Experiencias Internacionales: empresas públicas, privadas y modalidades de contratos”, en el marco del Debate Público de la Reforma Energética que organiza la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República.
Rodríguez advirtió que el Banco Mundial ha estimado que la renta petrolera seguirá creciendo y hasta ahora dicha ganancia ha permanecido en manos del Estado mexicano, pero que con la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal, la renta pasará a compartirse con los operadores privados.
“No es necesario sólo que Pemex sea nuestro, sino que el negocio petrolero también sea de la nación, no de las empresas trasnacionales”, indicó Víctor Rodríguez.
El economista explicó que actualmente el promedio del costo de producción de un barril de crudo es de 20 dólares aproximadamente y dicho barril se puede vender en 100 dólares o más. No obstante, con la reforma propuesta se concesionaría la producción del crudo y el Estado mexicano tendría que pagar la operación a las empresas extranjeras.
“No conviene traer a empresas extranjeras para que aumente la venta de cada barril en 6 dólares, pero que a cambio nos cobre 30 dólares en el costo de producción. Sale más barato fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex)”, explicó.
Por otra parte, Javier Jiménez Gutiérrez, abogado especialista en arbitraje internacional en el área energética, dijo que no hay que permitir que empresas extranjeras vengan a probar su tecnología de punta en aguas profundas en México, y que el Estado les pague esa producción de precios excesivamente elevados. Explicó que una vez que las empresas tengan su tecnología desarrollada y puedan optimizar costos, irán a otros países a extraer el petróleo.
“México y Pemex deben desarrollar su propia tecnología de punta para la extracción de crudo en aguas profundas, no pagarle a otras empresas para que vengan a probar su tecnología aquí y que el Estado se haga responsable de los costos”, afirmó el abogado.
El ex senador Pablo Gómez también explicó sus razones para oponerse a la reforma constitucional que plantea el gobierno de Peña Nieto, entre las cuales se encuentra la oposición a los contratos de utilidad compartida, aunque en el texto de la reforma no están plasmados explícitamente.
“El gobierno de Peña Nieto quiere legalizar lo ilegal”, afirmó Gómez, y explicó que si se firman contratos a largo plazo con las empresas extranjeras el Estado mexicano tendría que asumir el costo a largo plazo y seguirles pagando la operación.
Con la senadora Angélica de la Peña Gómez como moderadora, la mesa concluyó con las coincidencias de los ponentes sobre el gran riesgo que corre el país con la apertura del sector energético a las empresas trasnacionales.
